El 11 de setiembre publiqué en este diario una nota sobre el proceso que la Fuerza Pública llevaba a cabo para comprar 1.571 banderas de Costa Rica por ¢49 millones. A propósito, la semana pasada se declaró desierta dicha contratación, a solicitud de Nils Ching, subdirector de ese cuerpo policial.
El pasado viernes, el Ministerio de Seguridad Pública publicó una aclaración en estas páginas de Opinión y señaló que la nota antes mencionada contiene “hechos infundados y afirmaciones incorrectas”. Al este respecto, deseo hacer un breve repaso para que cada quien saque sus conclusiones.
El 20 de junio del 2013, el director de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, solicitó a la Proveeduría Institucional comprar, con carácter de “urgencia”, 1.571 banderas a través de un contrato según demanda (oficio 698-2013-DGFP). En esa solicitud, se adjuntó una cotización que emitió ese mismo mes la Fábrica Nacional de Banderas, la cual incluía características muy particulares para cada bandera, así como el precio unitario y total.
El 17 de julio, Andrade firmó la solicitud de pedido N.° 2051320508, con el visto bueno de la Proveeduría Institucional, en la que se transcribieron literalmente todos y cada uno de los detalles que había brindado la Fábrica Nacional de Banderas en su cotización.
Vale señalar que el Ministerio de Seguridad Pública solo incluyó una cotización y lo justificó así porque realizaron llamadas a dos empresas que también venden banderas, pero “no hubo ninguna respuesta o interés en cotizar”. Sin embargo, según la misma Auditoría Interna, debieron haber realizado un estudio de mercado con un mínimo de tres cotizaciones para promediar el costo de las banderas, pero no lo hicieron.
El 2 de setiembre, se publicó el cartel de la licitación abreviada N.° 2013LA-000097-09003 para adquirir las 1.571 banderas por ¢49 millones, en la modalidad de entrega según demanda. Nuevamente, las cinco líneas del cartel coinciden con la cotización que había emitido la Fábrica Nacional de Banderas.
En ese documento indicaron que la apertura de las ofertas sería el 9 de setiembre a las 11 a. m. Es decir, esta sería la fecha límite para entregarlas. Tres días antes, el 6 de setiembre, la Fábrica Nacional de Banderas ya había entregado a la Fuerza Pública cinco muestras de las banderas que querían comprar, según consta en el oficio N.° DCA-DPI-2894-2013. La oferta digital no la cargaron hasta el día siguiente, a las 9:07 p. m., al sistema de compras públicas (Comprared), según el comprobante del recibo.
El funcionario de la Proveeduría Institucional, Pablo Sánchez, notificó a cinco empresas más para invitarlas a que participaran en la licitación. En el sistema Comprared aparece que la notificación se realizó el 3 de setiembre a las 9:04 a. m. desde su correo personal.
No obstante, La Nación llamó a cada una de las empresas invitadas y, según dijeron sus representantes, no recibieron la notificación de ese correo hasta el viernes 6 de setiembre, entre las 4 p. m. y 11 p. m., y debían presentar la oferta el lunes a las 11 a. m. Es decir, apenas les dieron tres horas hábiles para participar. Si bien Comprared indica que la notificación se realizó el 3 de setiembre, aun así no se cumplieron los cinco días hábiles exigidos por ley para que las empresas participantes tengan tiempo de presentar sus ofertas.
Finalmente, deseo reafirmar que una de las empresas invitadas para concursar en la venta de banderas fue la proveedora farmacéutica Distribuidora Chemo S. A. El Ministerio de Seguridad Pública indicó en su aclaración que la invitaron porque, según Comprared, ofrecía 12.829 artículos. ¿Qué tanto conoce, entonces, la Proveeduría a sus oferentes, si bastaba solo con ingresar a la página web de esta distribuidora para enterarse de que lo menos que venden son banderas?
Gracias a que todos estos documentos son públicos, cualquiera puede deducir quién incurre en “hechos infundados y afirmaciones incorrectas”.