En un acto de cobardía política, la mayoría de los diputados vienen atentando contra una de las disposiciones legislativas más valientes que se han tomado en los últimos 70 años, especialmente las fracciones del PLN, por tener más curules, y la del gobierno, por manejar la agenda en las sesiones extraordinarias.
Me refiero a la aprobación de la llamada regla fiscal, la Ley 9635, de diciembre del 2018, impulsada en el cuatrienio 2018-2022, principalmente por la ministra de Hacienda de entonces, Rocío Aguilar Montoya.
En el Congreso se libró una lucha ardua por hacer entender a la ciudadanía la gravedad en que estaban las finanzas públicas y el lastre que para estas significaba el permanente esquilmado de las arcas del Estado por parte de las instituciones y sus verdaderos propietarios: los empleados.
La ciudadanía se fue convenciendo de que las instituciones —no obstante sus millonarias campañas de relaciones públicas para hacernos creer lo contrario— hace mucho tiempo dejaron de ser “de todos los costarricenses”, si es que alguna vez lo fueron.
En el mismo sentido actúa la fracción del Frente Amplio, pero con ellos es entendible, dado que no aspiran a gobernar; además, casi la totalidad de su fracción está conformada por muchachos muy jóvenes —sin duda bienintencionados—, que nunca han vivido la experiencia de crear un negocio y atravesar el llamado “valle de la muerte” de un emprendimiento, ni de crear empleos. Solo han tenido la experiencia de ser funcionarios, es decir, recibir remuneraciones del dinero público, que no es otra cosa que de los contribuyentes.
Dos décadas atrás, en un congreso, un consultor internacional, conocedor a fondo de la realidad costarricense, me comentó en confianza algo muy interesante: que los costarricenses no tenemos ejército, pero pensaba que era una lástima que nuestra economía la dejáramos ir al barranco al permitir que el Estado se convirtiera en un corporativismo institucional, que terminó atragantándose con buena parte de los recursos que bien pudieron convertirnos en el primer país desarrollado de América Latina.
Hoy cada día estamos más lejos del desarrollo, a causa de las convenciones colectivas de Japdeva, de la Junta de Protección Social, del Instituto Costarricense de Turismo, etc.
En términos de sangría presupuestaria, me dijo el consultor, es igual a mantener un ejército, que de todos modos tarde o temprano íbamos a necesitar. No le creí y rebatí sus argumentos; sin embargo, en este momento, estoy convencido de que tenía mucha razón.
La Nación del miércoles 19 de abril nos informó de que 14 instituciones dan largas a beneficios de convenciones colectivas, incluso con disposiciones como extender el pago de la cesantía hasta los 20 años, aunque es un privilegio declarado inconstitucional en innumerables ocasiones. Múltiples proyectos inundan las comisiones legislativas para torpedear desde sus cimientos la regla fiscal.
Pablo Sauma, profesor de la UCR y de la UNA, afirmó a mediados de la década anterior que, lejos del discurso simplista según el cual la desigualdad refleja “siempre” los abusos de los “ricos” frente a los pobres, en el caso costarricense, el incremento desproporcionado de los salarios del sector público mediante diversos mecanismos —y no el empobrecimiento de la gente con menos ingresos— fue el detonante de la desigualdad que registra el país en los últimos años, según el índice de Gini.
Joan Prats, en un artículo publicado en el 2006 sobre el avance de las reformas inspiradas en “Una nueva gestión pública en América Latina”, publicado en la revista Gobernanza, señaló que en realidad solo en Chile se daban las condiciones para introducir una reforma gerencial, pues era el único país que combinaba un nivel básico de racionalidad burocrática con grados significativos de seguridad jurídica. Otros países con burocracias estables y legalidad formal, como Costa Rica y Uruguay, habían caído en el corporativismo y los privilegios.
La historia, por tanto, se vuelve a repetir. La Constitución en el artículo 191 dice que “un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y sus servidores con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración”.
La Constitución ordenó promulgar un estatuto para todo el Estado. Sin embargo, el presidente de entonces (1951) ordenó que el estatuto cobijara únicamente al Poder Ejecutivo, y así lo votó el Congreso en 1953. Este es el pecado original del sistema. De no haberse violentado, otra sería la historia.
Torpedear la regla fiscal y volver al vacilón de siempre es hacer lo mismo que en 1953. Hagamos ver a los diputados la cobardía que implica su actual proceder.
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El autor es ex director general de Servicio Civil.