Con el escándalo del cemento chino como de telón de fondo, la lucha contra la corrupción fue unos de los grandes temas de la campaña electoral, alrededor del cual cerraron filas los trece aspirantes a la presidencia de la República. Lamentablemente, el nivel del debate fue muy general.
Por eso, fue toda una sorpresa contar cien propuestas específicas anticorrupción en los planes de gobierno presentados por los candidatos, según un análisis llevado a cabo por la organización Costa Rica Íntegra, aunque la voluntad de luchar contra este flagelo quedó expresada de manera muy desigual.
De los trece partidos postulantes, tres no incluyeron acciones específicas anticorrupción. El 50 % de las propuestas están en solo dos documentos: el plan del Frente Amplio (30 medidas) y el de la Unidad Social Cristiana (19 medidas). Hubo cuatro partidos (de los Trabajadores, Nueva Generación, Integración Nacional y Acción Ciudadana) con menos de cuatro acciones concretas.
Una vez terminada esta angustiante campaña electoral, debe aprovecharse esta cosecha de propuestas para que el problema congregue a varias fuerzas políticas, y, así, tenga un nivel de desarrollo prioritario en la próxima administración.
No se detendrán los escándalos, pero sí podemos disminuir los efectos negativos en la legitimidad de las instituciones, la economía y, sobre todo, en los grupos más pobres porque sufren más la corrupción al recibir malos servicios públicos.
Clasificación. Las cien propuestas para el combate a la corrupción se clasifican en los siguientes grupos:
-La prevención fue la materia que incluyó un mayor número de compromisos. Enhorabuena, pues hay mucho trabajo que hacer. Los partidos propusieron, por ejemplo, aumentar el acceso a la información, mejorar la selección de funcionarios y evitar conflictos de intereses. Varios mencionaron la necesidad de fortalecer la independencia judicial por medio de una reforma al mecanismo de nombramiento de magistrados.
-En investigación y detección, hay menos medidas, pero relevantes, tales como aumentar la protección a quienes denuncian, hacer públicas las declaraciones de bienes de los funcionarios y mejorar la rendición de cuentas con informes estandarizados.
-En cuanto a sanciones, en algunos planes recomiendan penas para los delitos contra la función pública, revisar el régimen disciplinario (aprobar leyes como la pérdida de credenciales), una ley contra el lobby y eliminar la inmunidad cuando se incurre en corrupción, entre otros.
Más allá de los discursos. En altos niveles de impunidad, la corrupción aumenta porque la probabilidad de ser castigada es muy baja.
La corrupción continuará en los primeros lugares en la lista de las preocupaciones principales de los costarricenses, y merece una respuesta más allá de los discursos.
El abanico de cien opciones disponibles en los planes de gobierno, complementadas con otras iniciativas en marcha, propuestas de expertos y de la ciudadanía, se constituyen en una buena base para responder al problema.
LEA MÁS: Vea el dudoso manejo de cheques que hizo un candidato a diputado del PIN en el 2011
LEA MÁS: El Gobierno Digital, ¿para cuándo?
Con una estrategia deliberada anticorrupción, empujada por varias fuerzas políticas, también se abonaría a una extensa agenda internacional con la cual el país ya de por sí está comprometido desde hace décadas y presenta deficiencias.
Somos signatarios de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y sus respectivos mecanismos de seguimiento, de la Alianza para un Gobierno Abierto, de la Agenda de Desarrollo Sostenible (en especial el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 16) y, finalmente, abona de cara al proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La autora es politóloga, miembro de la Asociación Costa Rica Íntegra.