El informe especial de la Contraloría General de la República, intitulado Retos para una Costa Rica que envejece (2019), muestra el fuerte impacto del envejecimiento poblacional en el campo fiscal y los servicios públicos, y señala que el principal problema es que la sociedad no está tomando conciencia a tiempo del reto que supone.
De vez en cuando saltan algunas señales de alerta, por ejemplo, La Nación, en una nota publicada el 16 de setiembre, sobre el bicentenario, colocó el aumento de personas con más de 65 años entre los principales desafíos, junto con la educación y el cambio climático.
Amplios sectores, sin embargo, continúan sin ubicar la materia como una prioridad en la agenda pública. Así, se desprende de la revisión de los programas de los partidos que según las encuestas tendrían más probabilidades de ganar las próximas elecciones.
El análisis comparativo de los planes de gobierno se hizo tomando en cuenta tres aspectos: la primacía que se concede a los efectos del envejecimiento en la vida nacional, la identificación de la dimensión y características de la población adulta mayor y los derechos de este grupo etario.
Solo algunos partidos mencionan explícitamente el impacto que conlleva el envejecimiento poblacional en ciertos ámbitos de la sociedad, pero cuando lo hacen no le dan la importancia debida.
El programa de Liberación Nacional se refiere a varios de los efectos del envejecimiento en un resumen de los principales problemas nacionales, bajo la denominación “una emergencia no declarada”; sin embargo, no incluye la materia como parte de la emergencia.
La tendencia en todos los partidos consiste en asociar el envejecimiento con el sector sanitario, al margen de un enfoque gerontológico, el cual rechaza la asociación de la vejez con la discapacidad o la enfermedad.
Ninguno de los principales partidos identifica a la población adulta mayor como un grupo específico: soslayan dimensión, características y demandas acumuladas.
El PAC incluye a mujeres, migrantes, refugiados, LGBTIQ+, personas con discapacidad, afrodescendientes e indígenas, pero no a los mayores de 65 años específicamente. Cuando los menciona, igual que en el programa del PLN, no detalla sus características actuales.
En general, se habla de la población adulta mayor de forma intemporal, como si no hubiera cambiado a lo largo de cuarenta años; aunque hay un caso, el de Nueva República, que actualizó las demandas de esta población.
En los planes de gobierno estudiados no se identifica bien el marco normativo que respalda la existencia de los derechos humanos específicos de este colectivo.
En general, citan la normativa, tanto para aludir debilidades de cumplimiento como reformas, por ejemplo, en el programa del PLN se plantea cambiar la Ley 7935. Pero existe una tendencia a no identificar a la población adulta mayor como conjunto de individuos con derechos humanos específicos en consonancia con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscrita por Costa Rica en el 2016. Únicamente el Frente Amplio declara explícitamente que la acción pública debe partir del cumplimiento de los derechos consignados en ella.
En suma, aunque hay contribuciones puntuales en los distintos planes partidarios en los campos estudiados, las propuestas no reflejan una identificación apropiada con el fuerte impacto que está causando el envejecimiento poblacional en la sociedad, tampoco la dimensión y características actuales y, lo que es más lamentable, carecen de una comprensión de las demandas y derechos particulares reconocidos en la Convención Interamericana que ya es parte de la legislación nacional (Ley 9394).
Todo indica, pues, que los partidos llegan a las próximas elecciones sin colocar la cuestión del envejecimiento en un lugar prioritario de la agenda pública, algo que no beneficia a un conjunto de personas que tienen una amplia participación en los comicios.
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La autora es exviceministra de Desarrollo Social.