A propósito del editorial sobre la ruta 257, reitero lo que hemos dicho desde hace mucho tiempo: el gobierno actuó para entregar en tiempo y con el presupuesto autorizado por la Contraloría una obra estratégica para el país, con el fin de ahorrar a nuestros exportadores miles de millones de colones en el costo de atención de sus contenedores. Ambos objetivos se cumplieron y la obra es una realidad.
El trabajo en la ruta 257, que conecta la terminal de contenedores de Moín (TCM) con la ruta 32, enfrentó un gran desafío al inicio de mi administración cuando la empresa concesionaria, APM Terminals, decidió fijar un nuevo punto de enganche entre la TCM y la ruta 257, a 80 metros del lugar que ya contaba con los estudios ambientales requeridos.
Esto implicaba que el país debía volver a obtener permisos ambientales y retrasar la construcción de la vía dos años más. No fue algo planificado, ni un desfase adrede atribuible al MOPT. Ese atraso, de haber ocurrido, habría impedido una rebaja de $20 por contenedor transportado, según el acuerdo firmado por el gobierno con APM Terminals en el 2011, si la conexión se entregaba antes de la entrada en operaciones del megapuerto.
El beneficio de cumplir lo pactado se estimó en unos $1.000 millones en un plazo de 30 años. Considerando esta oportunidad para las finanzas públicas y dentro del marco de legalidad, se decidió sacar la licitación de la ruta 257 con el punto de conexión original —el que tenía los permisos ambientales— para no paralizar obras, mientras se tramitaban las autorizaciones del nuevo punto exigido por la concesionaria.
La habilitación ambiental para la conexión definitiva se consolidó en febrero del 2017. Mi administración actuó diligente y transparentemente, con la mira puesta en el interés nacional. Lo contrario habría expuesto al país al pago de indemnizaciones y a la pérdida del ya mencionado ahorro. Esta es la realidad del caso que La Nación equivocadamente ha denominado «pifia» de la ruta 257.
Trabajo refrendado. El caso Cochinilla nos indigna a todos y reafirma la confianza en la solidez e integridad del Poder Judicial y sus instituciones para investigar objetivamente, acusar y condenar por actos corruptos a quienes los hayan cometido, tanto en el sector público como en el privado.
En nuestra administración hicimos los mayores esfuerzos para impedir la corrupción sin detener la obra vial necesaria para el desarrollo nacional. Todos los contratos promovidos y ejecutados durante ese cuatrienio contaron con el refrendo de la Contraloría General de la República, y la Asamblea Legislativa nunca puso trabas a los presupuestos del Conavi que se utilizaron con ese propósito.
Tras un largo proceso de consultas con todos los sectores involucrados a través del cual surgieron todo tipo de obstáculos, a inicios del 2016, enviamos a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para el cierre total del Conavi (prometido en la campaña electoral) y la creación del Instituto Nacional de Infraestructura Vial (INIV). Allí se establecía un marco normativo estandarizado para la gestión de proyectos de infraestructura, que garantizaba obligatoriedad en la transparencia y la rendición de cuentas.
La Asamblea Legislativa de entonces dejó morir la propuesta sin generar alternativas o mejoras sustantivas al proyecto. El resultado es que el Conavi siguió funcionando con el mismo marco legal y administrativo de siempre.
También durante nuestra administración se establecieron nuevas reglas para romper la concentración de las tareas de conservación y mantenimiento vial en manos de las grandes constructoras. Desafortunadamente, esas empresas crearon subsidiarias que cumplían las nuevas condiciones de ley y el Conavi terminó por adjudicar los contratos con la misma lógica anterior.
Aun así, decenas de puentes, escuelas, colegios, acueductos, aeródromos y obras comunales se construyeron o readecuaron por medio de servicios de empresas independientes, también, con contratos refrendados por la Contraloría. Buena parte de la reconstrucción de los daños ocasionados por el huracán Otto y la tormenta tropical Nate se hizo con rapidez y óptima calidad por medio del ICE, pese a la férrea oposición de las constructoras y de otros sectores de la empresa privada.
Despidos y reinstalaciones. Respaldamos, al igual que lo hizo la administración Chinchilla Miranda, el despido de cuestionados funcionarios del Conavi. Sin embargo, estos fueron reinstalados por los tribunales.
Un foco de preocupación fue la compra y venta del asfalto, acaparada por las grandes constructoras. Dimos continuidad, con la complacencia y apoyo de las municipalidades, a la compra e instalación de plantas de asfalto en varias partes del país, con el fin de terminar con la dependencia de la compra a tales constructoras. Lamentablemente, terminado nuestro gobierno, se ordenó el cierre de las plantas.
La corrupción en infraestructura vial que se ha descubierto es un monstruo de mil cabezas, alimentado por décadas de malas prácticas, cuya erradicación requiere trabajo conjunto, sistemático, sostenido, armónico y libre de prejuicios partidistas, de los diversos poderes del Estado y la propia empresa privada.
Cuando gobernamos, hicimos un esfuerzo significativo —aunque evidentemente insuficiente, dada su complejidad y hondura— para combatirlo y frenarlo dentro de lo establecido por la ley y el debido proceso. Me complace que hoy el Poder Judicial, con total respaldo del actual gobierno, finalmente, haya utilizado un mecanismo científico que ha dado pie al inicio de un proceso judicial contra aparentes corruptores y corruptos que han atentado contra el interés nacional y ciudadano.
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El autor es expresidente de la República.