No todo, por dicha, depende del Gobierno o de la política, aunque, como he comentado en otras ocasiones, si bien casi todo pasa por la política, como afirma la Conferencia Episcopal de Francia, no todo es política. No puede ser. La principal tajada, no hay que olvidarlo, corresponde a nosotros, que hacemos la política así como la crítica política.
El gran reto de la democracia y de la libertad consiste en armonizar estas dos dimensiones, cada una en su lugar. He reflexionado en estas realidades al leer que un grupo de niños de Talamanca envió una nota al Gobierno en la que le rogaba que los defendiera, en sus tierras, del acoso y amenazas de los narcotraficantes, sembradores de marihuana, de violencia y de dinero maldito.
Este grito de desesperación y de libertad va dirigido no solo a los gobernantes, sino a cada uno de nosotros, sin distinción. La crítica política o la indiferencia, despojadas del valor ético de la participación o solidaridad ciudadana, no son sino un solemne acto de hipocresía. En la valoración de la realidad democrática del país el distanciamiento o separación de estas dos dimensiones –la sola crítica política y la solidaridad humana– produce efectos nefastos morales y económicos.
He aquí un desafío moral y económico inmenso para las redes sociales que, como decían anteayer los medios, “han cambiado para siempre a América Latina”. Se calcula que un incremento del 10% en la penetración de la banda ancha aumenta el 1,38% del producto interno bruto (PIB). ¿Cuánto bien y cuánto mal? Esta es la cuestión.
Hay 72.000 hogares costarricenses –300. 000 personas– que no tienen un plato de comida “al día” y dependen esporádicamente de los proyectos que realizan grupos religiosos o empresariales, que recogen alimentos de la canasta básica no perecederos. Ayer y hoy, por ejemplo, 203 sucursales de supermercados recogieron alimentos para donarlos al Banco de Alimentos y al Grupo Mutual, y de aquí repartirlos a los comedores escolares, refugios de indigentes y casas de bien social. Responsabilidad social.
Solo uno de cada 10 indígenas que ingresan a una escuela logra alcanzar el bachillerato. El resto están condenados a labores agrícolas o artesanales, pese a los planes de la UNA. No hay fuentes de trabajo, los caminos son inadecuados y las limitaciones económicas son innumerables. Con 10.000 colones mensuales un estudiante podría, en medio de dificultades sin cuento, abrirse camino.
¿Puede el Estado por sí solo atender nuestro cúmulo de problemas sociales? De ninguna manera. He aquí diversas puertas abiertas y llaves doradas para abrirlas, a nombre de la solidaridad humana, en un mar de calamidades sociales.