Diputados, ministros y' propiedades subvaloradas no por error, como se ha dicho, sino por razones más hondas. Un error es un “vicio del consentimiento causado por equivocación de buena fe'”. Una infracción es la violación voluntaria o culposa de una norma.
El revuelo de la noticia ha colmado el horizonte, y las condenas discurren por todas las redes sociales. Los calificativos desbordan el diccionario. No es mi intención aquí estigmatizar a los responsables, miembros de los supremos poderes y legiones de compatriotas, sino reparar en lo que considero las dos vertientes principales de este hecho: la (in)cultura de la evasión fiscal, que forma parte del ser costarricense, y la hipocresía nacional, hasta los tuétanos, a contrapelo –ambas– del binomio sagrado de todo sistema democrático genuino: la obligación del voto electoral y el pago de los impuestos. Sin aquella se degenera en la dictadura, y sin esta, en la ingobernabilidad y la desconfianza por la falta de resultados.
Y, por surgir estos reportajes de La Nación en el clímax del plan fiscal o, mejor dicho, del proyecto de Solidaridad Tributaria, la torta es histórica, algo así como llegar de frac a una fiesta nudista o, peor aún, al revés' Sin embargo, todo pasará. Otras cosas mucho peores han pasado y nada pasó, como cuando se apresó al gran capo del narcotráfico mexicano, en el aeropuerto Juan Santamaría, al amparo de una autoridad política superior, hace unos 30 años, y, al día siguiente, por orden superior, se le envió a México con todos sus secretos'
Hace tres meses, la Contraloría General de la República denunció que los honorables profesionales liberales de Costa Rica solo pagaban, en promedio, ¢30.000 en impuesto de la renta. Un asalto a mano armada. Y así por toda la historia tributaria del país. Y así por toda la vida. Y así en todos los Gobiernos. Y ¿qué pasó? Venturosamente, la actual administración tributaria está luchando a brazo partido contra los ladrones del fisco, pero ¿dónde están los aguerridos gremios y los colegios profesionales, la flor y nata de nuestro intelecto, que ven y callan, o ven y disimulan?
Ahora, en punto a las propiedades subvaloradas, se me viene a la mente otra subvaloración o subfacturación: la de las importaciones, junto con el incomparable contrabando. ¿Errores? ¿Ignorancia de la ley? Y ¿qué hacer con los municipios obligados, por ley y moral, a recaudar de manera justa y correcta el impuesto sobre los bienes inmuebles? Los municipios, al amparo de los ministros Gallardo y Juan Marín, y los diputados municipalistas, siguen obsesionados con el proyecto de transferencia de competencias gubernamentales. En fin, ¿confusión mental o moral?