La Defensoría de los Habitantes llama a las autoridades de Salud a fortalecer los controles sobre los antibióticos, antivirales, antiparasitarios y antimicóticos. El abuso de esos medicamentos es un importante problema de salud en todo el mundo. Los excesos crean resistencias capaces de inutilizar fármacos cuya contribución a la vida prolongada y sana es extraordinaria.
Todos los virus de la gripe A, por ejemplo, son resistentes a varios de los inhibidores más utilizados para combatirla. La resistencia no se desarrolla de la noche a la mañana ni es producto del uso adecuado de los medicamentos. El consumo sin supervisión médica, los excesos a la hora de recetar y los tratamientos incompletos están entre las principales razones de la inutilización de medicinas tan importantes.
El efecto sobre los individuos apenas requiere de explicación, pero también hay repercusiones en los sistemas de salud pública. La resistencia a los antibióticos, antivirales, antiparasitarios y antimicóticos exige, cada vez más, la prolongación de los tratamientos y el uso de fármacos más costosos.
Además, el problema no se circunscribe a la salud humana. El uso veterinario de estas sustancias acarrea idénticos efectos y el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos se queja del abuso en la agricultura (hortalizas para consumo humano y plantas ornamentales), en la acuicultura y en la industria de animales de engorde.
El oportuno llamado de la Defensoría es consecuencia de la denuncia de un ciudadano preocupado por la escasez y desarticulación de las medidas adoptadas en el país contra el abuso de este tipo de fármacos, aunque el problema se extiende a otros medicamentos. El Ministerio de Salud puede incidir sobre la disponibilidad y control de las sustancias en las farmacias, pero también es urgente una revisión de las políticas en la Caja Costarricense de Seguro Social.
Convendría saber si una fuente de los excesos es la propia Caja, merced a la práctica de recetar con largueza o si la institución hace lo suficiente para impedir el abandono del tratamiento apenas el paciente se cree curado y desaparecen los síntomas. Los tratamientos inconclusos están entre los grandes causantes del desarrollo de resistencias. Una de las conclusiones del estudio de la Defensoría es, precisamente, la necesidad de asegurar la correcta prescripción, con apego a las buenas prácticas.
El informe también lamenta que habiéndose sumado Costa Rica, en el 2015, al plan de acción sobre la resistencia a los antimicrobianos promovido por la Organización Mundial para la Salud, a estas alturas la iniciativa sigue “en fase de construcción” y por eso llama a una revisión de las leyes y decretos vigentes para reforzar la regulación.
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La tarea involucra a muchas instituciones y no tendrá éxito sin el concurso de todas. Una idea de la complejidad del asunto se extrae de la lista de entidades consultadas para hacer el estudio. Además de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud, la Defensoría pidió informes al de Ambiente y Energía y al de Economía, Industria y Comercio. También consultó a los colegios de Farmacéuticos, Ingenieros Agrónomos, Médicos y Cirujanos, Microbiólogos y Químicos Clínicos y Médicos Veterinarios.
Todas esas entidades y algunas más tienen un papel por desempeñar en la reacción coordinada del Estado y la sociedad costarricenses frente al problema señalado por la Defensoría. La amenaza para la salud pública es grande y, en este caso, no se habla lo suficiente de ella.