El tiempo apremia. Apenas habrá un mes, después de concluidas las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa el próximo lunes, para aprobar las reformas exigidas por la Unión Europea para excluir a Costa Rica de la lista gris de países no cooperantes en materia fiscal. La información del cambio debe ser enviada a las autoridades europeas en setiembre y la evaluación del cumplimiento se producirá en octubre.
La exclusión de la lista es una altísima prioridad, no solo por razones de prestigio, sino porque la permanencia entre las naciones no cooperantes puede afectar la inversión extranjera, entorpecer el comercio por el riguroso escrutinio a las transacciones y dejar al país sin posibilidad de participar de los fondos destinados a la cooperación internacional. Según el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, los europeos también podrían dejar de reconocer a sus empresas deducciones por gastos incurridos en Costa Rica, practicar auditorías reforzadas y aumentar la cantidad de información exigida a los contribuyentes.
No obstante, el gobierno insiste en vincular la reforma con la aprobación de su proyecto de renta global para abandonar el sistema cedular. El nuevo sistema exigiría a los contribuyentes unificar sus ingresos para calcular el impuesto sobre la renta, en lugar de tributar sobre cada ingreso por separado.
El Ejecutivo dice estar dispuesto a negociar, pero queda poco tiempo y el espacio político se le ha venido reduciendo. Además de las fricciones de días recientes con el ministro Acosta, el plan de impuestos no logró aceptación entre los diputados. El paquete de iniciativas tributarias planteado por el Ejecutivo ingresó a la agenda del Congreso con el pie izquierdo. Casi de inmediato, el ministro se vio obligado a hacer un mea culpa por la reducción del monto exento de pago del impuesto sobre la renta y afloraron varios errores y contradicciones relacionadas con la eliminación de exenciones, entre otros artículos a las sillas de ruedas, y los tributos aplicables a los boletos aéreos.
Una de las medidas más polémicas es el aumento al 30 % del impuesto sobre la renta de pequeñas y medianas empresas (pymes). En la actualidad, las pymes pagan, de acuerdo con su nivel de utilidades, entre un 5 y un 20 %. El oficialismo presentó el aumento del tributo como un estímulo al crecimiento, pero apenas logró provocar sonrisas. Quizá la mayor desconfianza surgió de la insistencia en que el plan no aumentaría los ingresos fiscales y se limitaría a corregir desequilibrios.
La diputada liberacionista Paulina Ramírez, de la Comisión de Asuntos Hacendarios, advirtió al gobierno sobre la poca viabilidad de su reforma y le pidió abstenerse de mezclar la respuesta a la exigencia europea con el plan de renta global, cuya aprobación exige una discusión más exhaustiva y profunda.
Los europeos critican la inexistencia de un impuesto sobre las ganancias obtenidas en el exterior por las inversiones pasivas, es decir, los ingresos generados sin participación activa del inversionista, como en el caso de los títulos valores. A falta del gravamen, esas rentas no pagan impuestos en ninguna parte, lo cual hace de Costa Rica un paraíso fiscal. También objetan la definición del contribuyente en la legislación nacional. Según la Ley del Impuesto sobre la Renta “se entiende por establecimiento permanente cualquier sitio o lugar fijo de negocios en el que se desarrolle total o parcialmente la actividad esencial de la persona no domiciliada”. En este caso, la disconformidad es por la palabra “esencial”.
Hay dos iniciativas en trámite para superar las objeciones europeas sin entrar en las complejidades de la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo que, además, pierde el lunes la iniciativa de ley en el Congreso. Un examen realista de las posibilidades conduce a optar por una de esas dos reformas para resolver el problema inmediato y retomar el resto de la agenda más adelante.