En el 2018, luego de largos años de debate, el régimen de pensiones del Poder Judicial sufrió una significativa reforma. El aporte de sus afiliados subió del 11 al 13 % de los salarios y el cálculo de la pensión dejó de basarse en el promedio de los últimos 24 mejores salarios. A partir de entonces, se paga el 82 % del promedio del salario de los últimos 20 años. La edad de retiro aumentó de 62 a 65 años y el tiempo de servicio para pensionarse anticipadamente subió de 10 a 20 años.
Por último, se estableció como tope la suma de diez salarios base de un empleado judicial, con lo cual las jubilaciones más altas rondaban ¢4,5 millones. Para las pensiones superiores, concedidas antes de la reforma, se estableció un “aporte solidario” de entre el 35 y el 55 % sobre el exceso del tope, pero la Sala IV determinó que las deducciones no pueden superar el 50 % del total bruto.
Pese a su drasticidad, las medidas fueron criticadas desde el primer momento por su insuficiencia. Esas críticas, corroboradas por sucesivos estudios actuariales, constituyen una medida de los excesos del régimen hasta la reforma del 2018 y condenan la negación de las debilidades del sistema durante los años anteriores, pero las lecciones no fueron aprendidas.
En diciembre del 2020, la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial rechazó limitar los ajustes anuales concedidos a sus beneficiarios por cuanto el aumento por costo de vida está normado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el acta 10-2020. En ese momento, un estudio actuarial había revelado un déficit de ¢736.058 millones, a pesar de la reforma del 2018.
En marzo del 2021, un nuevo informe actuarial recomendó bajar las pensiones heredadas del 80 al 50 % del monto recibido por el funcionario judicial al fallecer, pero la Junta Administradora también descartó esa posibilidad.
Según el análisis de entonces, para sostener los beneficios, las cotizaciones debían alcanzar la absurda cifra del 68,22 % del salario de cada trabajador y de la pensión de los jubilados, aunque los aportes ya llegaban al 28,77 % de los salarios, de los cuales el Estado, como patrono, aporta la mitad (un 14,36 %) y los trabajadores y pensionados, el 13 %. Un 1,41 % adicional corresponde a la contribución estatal a las pensiones.
Ahora, un nuevo estudio actuarial reitera las recomendaciones y advierte del rápido deterioro del régimen. Entre las recomendaciones, está reconocer, durante diez años, solo el 50 % de la inflación anual a los 4.009 jubilados antes de la reforma porque sus “derechos fueron otorgados en condiciones actuarialmente laxas que contribuyeron a la situación actual del Fondo”, dice el estudio.
Aquella laxitud fue señalada una y otra vez por la Superintendencia de Pensiones y por estudios actuariales ignorados a lo largo de los años. El último examen propone el freno al aumento de las jubilaciones como medida de equidad intergeneracional. En cuanto a las pensiones sucesorias, plantea rebajar el monto del 80 al 50 % de la pensión recibida por el beneficiario original y no reconocer durante una década el ajuste por costo de vida.
La superintendenta de pensiones, Rocío Aguilar, hizo énfasis en la urgencia de los cambios y la Junta Administradora del régimen confirmó su dedicación a redactar una nueva reforma para presentarla a la Asamblea Legislativa el año entrante, pero, una vez más, hay razones para temer un planteamiento insuficiente.
La Junta se fijó el objetivo de brindar “mayor equidad intergeneracional” al sistema de jubilaciones, pero no reveló los cambios bajo análisis ni se comprometió con los propuestos por el estudio actuarial. Entre las reformas, “se contemplan todas las posibilidades que sean razonablemente justas para el beneficio del régimen como un todo, lo que no necesariamente se traduciría en acoger estas propuestas”, respondió a la consulta sobre los ajustes.
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