En octubre del 2020, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) frenó la contratación de redes y equipos de comunicación por $9,8 millones. La decisión respondió a un informe de la Auditoría Interna sobre el supuesto favorecimiento a la firma Cisco, pues el cartel de licitación exigía comprar componentes “compatibles en todos sus extremos” con esa marca.
El perjuicio para la Caja es evidente, no importa la interrupción del proceso a tiempo para evitar el negocio. Si los equipos eran necesarios, la posposición de la compra impidió su utilización oportuna. También se corrió el riesgo de pagar de más o recibir bienes de menor calidad por la exclusión de otros potenciales oferentes y se alimentó la desconfianza de la sociedad en los procesos de compra de todo tipo de bienes.
No era la primera negociación con Cisco. Solo entre el 2019 y el 2020 la Caja invirtió $2,6 millones en compra de equipos de telecomunicaciones y el 42 % fueron de esa marca. Para revestir el caso de mayor importancia, a los señalamientos de la Auditoría Interna se sumaron los de la Contraloría General de la República. Urgía establecer la verdadera naturaleza de los hechos y sentar responsabilidades si las hubiera.
Vamos para tres años y las investigaciones están lejos de concluir. El subgerente de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones sigue separado de su puesto como medida cautelar dictada en enero del 2021. A lo largo de todo ese tiempo, se le ha mantenido en la planilla de la institución y hoy labora en la Gerencia de Pensiones, siempre en tareas relacionadas con tecnología de información.
El funcionario más bien se queja de la duración de las medidas cautelares y cuestiona la legalidad de mantenerlas por tiempo indefinido. La investigación también involucra al subdirector de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones y al jefe del Área de Comunicación y Redes Informáticas.
El caso es representativo de la lentitud de los procedimientos de este tipo en la Caja, donde existe un Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA). La diligencia de esa oficina quedó en duda en febrero del 2021 cuando la gerencia general de la institución ordenó intervenirla por los retrasos en la investigación de irregularidades en la compra de mascarillas y otros insumos de protección médica requeridos durante la pandemia de la covid-19. Ese caso tampoco ha concluido.
En el área de tecnología de la información, hay un segundo expediente relacionado con la compra de ¢400 millones en licencias informáticas para un centro de llamadas. Según el CIPA, los traslados de cargos se efectuaron en noviembre del 2021 y febrero del 2022, es decir, del primer caso se informó a los implicados más de un año después de iniciada la investigación.
Ese estado de situación es inaceptable, no importa cuánto se diga de los engorros del procedimiento administrativo en nuestro país. Los investigadores tienen a su alcance toda la documentación necesaria, así como los testigos y presuntos responsables. Ni los involucrados deben ser sometidos a una espera tan larga para conocer el resultado del procedimiento ni va en interés de la institución tardar en esclarecer los hechos.
La tardanza puede deteriorar la prueba, alejar a los testigos o desembocar en la prescripción. Con ella crece, también, la desconfianza de la ciudadanía en el manejo de la cosa pública. La sociedad y las instituciones sufren al contemplar la impunidad o la duda durante tanto tiempo y eso conduce a peligrosas distorsiones de la vida política.