A pocos meses de vencer los últimos permisos vigentes para la pesca de arrastre, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) planea dar un nuevo respiro a la técnica, prohibida en el 2013 por la Sala Constitucional para evitar graves daños ambientales. La sentencia dejó un portillo abierto para la emisión de nuevos permisos si los pescadores adoptan dispositivos capaces de reducir la captura incidental. Por ese portillo intenta transitar la administración del presidente, Luis Guillermo Solís.
La indiscriminada masacre de peces pequeños, pulpos, rayas, anguilas, cangrejos y otras especies de la fauna marina causa irreparables daños a las zonas costeras. Por eso los magistrados exigieron estudios científico-técnicos de la reducción de las capturas incidentales y el desperdicio antes de permitir la pesca del camarón mediante la técnica del arrastre.
Científicos y organizaciones ambientalistas se oponen a las pretensiones gubernamentales y citan la ausencia de los estudios exigidos por la Sala Constitucional, pero el gobierno defiende la reactivación de los permisos porque 3.750 habitantes de la costa Pacífica dependen de la actividad.
La explotación irracional de los mares, sin embargo, no tardará en perjudicar a esos mismos pescadores y a muchos otros. Entre los perjudicados están los pescadores artesanales, porque sus futuras capturas mueren prematuramente atrapadas en las redes de los camaroneros, sin oportunidad de desarrollarse.
El daño a los ecosistemas y la reducción de poblaciones de diversas especies ya es grave y las 24 mejoras de la regulación propuestas por el Incopesca para mitigar el impacto de la pesca de arrastre no convencen a los expertos de la fundación Marviva y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la UCR.
“El Cimar considera que la información científico-técnica publicada hasta la fecha sobre la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica no evidencia la sostenibilidad de dicha pesquería. Bajo ninguna circunstancia, el Cimar estaría de acuerdo con la apertura de la pesca de arrastre si no se cumple cabalmente lo estipulado en el fallo de la Sala Constitucional”, expresó Ingo Wehrtmann, director de la entidad, en un comunicado.
Haydée Rodríguez, de Marviva, dice desconocer los estudios citados por el Incopesca y sospecha un intento de hacer, en sede administrativa, lo que se viene intentando en el Congreso desde hace tres años. Casi desde su inicio, el gobierno impulsa un proyecto de ley para reinstaurar la pesca de arrastre, pero no ha conseguido siquiera un dictamen de comisión. El proyecto, conocido como Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa Rica, no logra superar la etapa de estudio en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, precisamente por las graves consecuencias de la técnica para la ecología de nuestros mares y la oposición de los ambientalistas, que niegan la existencia, a la fecha, de una técnica de pesca de arrastre inocua para el medio.
El rechazo a la pesca de arrastre es tanto que las últimas noticias del Incopesca provocaron la pública oposición del candidato oficialista Carlos Alvarado. El candidato del Partido Acción Ciudadana acusó al Incopesca de contravenir la posición histórica de la agrupación y atentar contra el uso sostenible de los recursos naturales. Además, pidió a la fracción legislativa de su partido oponerse a los proyectos para revivir la pesca de arrastre.
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El gobierno debe prestar atención a tantas voces opuestas a permitir un daño quizá irreversible. La situación social y económica de las familias dependientes de la pesca de arrastre debe ser atendida, pero la destrucción de los recursos marinos y del medio de vida de los pescadores artesanales no puede ser el precio.