152.732 familias habitan casas en mal estado o viven en condición de hacinamiento, dice el más reciente informe sobre la vivienda, elaborado por el Programa de Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, la Fundación Gestionando Hábitat y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Otras 11.400 carecen de vivienda.
Además, hay 760.170 casas en condición regular, es decir, necesitadas de reparaciones. Este grupo creció de 701.507 en el 2021 a 760.170 en el 2022. Frente a esos números, la disminución del déficit habitacional total de un 0,7 % en comparación con el 2021 no es motivo para celebrar.
Franklin Solano Castro, coordinador de la investigación, advirtió sobre la necesidad de revisar algunas definiciones, como la de hacinamiento (más de tres personas por habitación), para visualizar el deterioro del parque habitacional. Entre el 2012 y el 2022, la cantidad de hogares aumentó en 372.666 (un 27,40 %), pero hay razones para dudar de su calidad.
El año pasado, dice el CFIA, un 23 % de las obras se construyeron sin permisos municipales y el 83 % de ellas son de uso residencial. Además, la mayor cantidad de viviendas en los últimos años tiene áreas menores de 70 metros cuadrados, donde una familia rápidamente puede pasar a condiciones de hacinamiento.
La ministra de Vivienda, Wendy Molina, reconoce el deterioro del parque habitacional y el aumento de la construcción irregular. No obstante, el número de bonos otorgados para construir ha venido en descenso y, de decenas de miles entregados cada año a la vuelta del siglo, el número pasó a 8.369 el año pasado. Nunca, desde 1999, se entregaron tan pocos bonos como en el 2022, según datos del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
Los bonos, además de facilitar la construcción de viviendas, garantizan el cumplimiento de los requisitos formales. Esto es de capital importancia en las condiciones geográficas, geológicas y climáticas de Costa Rica, donde las construcciones en laderas inestables, márgenes de ríos y terrenos falseados conducen a la pérdida de vidas y cuantiosos recursos materiales.
El bono familiar de vivienda (BFV) también produce efectos multiplicadores significativos en empleo y crecimiento económico, dice el informe citado, pero el país, inmerso en sus dificultades financieras, ha venido perdiendo de vista la importancia de evitar el deterioro del parque habitacional, más allá de su endeble crecimiento.
El desarrollo de vivienda en los años ochenta y noventa del siglo pasado no permitía el paso de una campaña política sin visiones contrastantes sobre los mejores medios para enfrentar el déficit. El debate público adoptó todo un vocabulario. Se hablaba de “soluciones de vivienda” y a veces eso no quería decir construcción de casas, sino arreglos suficientes para calificarlos de “solución”. Había “zopilotes de la vivienda” y diversos tipos de bonos. Las denuncias de prácticas indeseables, clientelismo y sobreprecios eran constantes, así como el bono transformado en promesa de campaña.
Los éxitos de aquel momento, no obstante las lacras, produjeron resultados netos favorables para la calidad de vida y la paz social. Hoy vale la pena preguntar por qué aquel vocabulario pasó de moda y poco se escucha del sector, para bien o para mal. Las necesidades están presentes, y si no se les atiende aumentarán.
Es necesario volver a hablar de vivienda. Buena parte de la población no tiene acceso al crédito y en los estratos menos favorecidos la única salida son los desfinanciados programas de interés social. Las iniciativas para el manejo y erradicación de asentamientos informales y tugurios apenas dan señales de vida y la reestructuración de las instituciones del sector está estancada mientras la presión crece.