La mejor razón ofrecida hasta ahora por el Poder Judicial para negarse a utilizar el sistema único de compras del Estado es la inversión de $2 millones en una plataforma especial, destinada exclusivamente a la proveeduría de la Corte. La excusa no es de recibo y la Corte más bien debería explicar los motivos para invertir en un sistema aparte cuando la meta de operar uno solo para todo el Estado existe desde hace años.
El Ministerio de Hacienda rechaza la pretensión del Poder Judicial, entre otras razones, por el mandato de la Ley 9395, publicada el 13 de setiembre del 2016, para establecer el uso del sistema digital unificado en toda contratación regulada. El Ministerio de Hacienda, en su condición de entidad rectora, escogió para ese propósito el sistema conocido como Sicop.
Sicop enlaza a las entidades públicas con los proveedores inscritos para promover procesos de compra más transparentes. Otros proveedores y el público en general podrán ver los requerimientos y ofertas de los contratantes. El propósito es reducir el costo de los bienes y servicios y aumentar su calidad mediante la promoción de la competencia abierta.
La eficacia del método está comprobada. En los tres primeros años de aplicación del sistema Mer-Link, antecesor de Sicop, un reducido grupo de instituciones públicas participantes ahorró $39 millones con la disminución de los precios y la eliminación de gastos administrativos, aunque entre ellas no estaban las grandes compradoras, como la Caja Costarricense de Seguro Social y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
La ley promulgada en el 2016 intenta vencer la resistencia de gran cantidad de instituciones a integrarse en una sola plataforma, donde las economías de escala serían mayores, así como la cantidad de proveedores de donde escoger. Los controles permitidos por el sistema único no han gozado de buena aceptación en el Estado, pese a las historias de ahorro y éxito. El Poder Judicial no debe constituirse en uno de los últimos bastiones de esa resistencia.
El país, o los sectores de la Administración Pública comprometidos con las mejores prácticas, especialmente el Gobierno Digital, se esfuerzan desde el 2010 por implantar el sistema único. A estas alturas, no todas las instituciones se han integrado y la fecha límite establecida por la ley no fue observada.
El exdiputado Ottón Solís, impulsor de la ley cuyo plazo límite se cumplió el 13 de setiembre pasado, manifestó su desazón por el incumplimiento estatal: “Si el país quiere (…) un sistema único de compras públicas para transparentar el gasto de miles de millones de colones, ojalá las instituciones se apresuren y no esperen a que la ley las obligue, o las castigue, sino que por convicción ayuden a sanear la corrupción y a bajar costos”.
Esas razones son mucho mejores que la defensa de la desafortunada inversión de $2 millones en un sistema exclusivo para el Poder Judicial. La suma no es despreciable, pero palidece ante los ¢5,2 billones (15,5 % del producto interno bruto) presupuestados en el 2017 por las instituciones públicas para comprar bienes y servicios. Palidece, también, en relación con el cálculo de $39 millones ahorrados en tres años de Mer-Link por un puñado de instituciones participantes que apenas transaron $189 millones en la plataforma.
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El país necesita y merece un sistema unificado de compras públicas. Las posposiciones han sido demasiadas, incluida la de la administración anterior, que descarriló la aplicación generalizada de Mer-Link y dio origen a Sicop. Si este último es el sistema que tenemos a estas alturas, es preciso utilizarlo sin excepciones, como lo exige la ley.