La planta de tratamiento Los Tajos, en Uruca, está lista para recibir las aguas residuales de 1.070.000 habitantes de 11 cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM). También, están listas las tuberías colocadas a lo largo de cinco años con una inversión de millones de dólares, pero el proyecto está a punto de frustrarse por falta de $140 millones adicionales.
Los yerros de planificación y los imprevistos elevaron el costo de la obra de $250 millones a $600 millones y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) intenta financiar el faltante mediante un préstamo con el Banco Nacional. Sin los recursos, sería imposible conectar la red de tuberías con los colectores y viviendas.
Habrá tiempo para examinar las razones del aumento del costo; sin embargo, las autoridades no pueden permitir la paralización de la obra. Sobran las razones y la primera entre ellas es la necesidad de dar siquiera este primer paso para el tratamiento de aguas residuales, una asignatura descuidada a lo largo de la historia con graves consecuencias para el ambiente y la imagen conservacionista de Costa Rica, bien ganada en otros ámbitos.
También aboga por la rápida conclusión de los trabajos el seguro deterioro de la inversión hecha hasta el momento, además de las dificultades toleradas por los habitantes de las zonas donde se ejecutaron obras. El esfuerzo de cinco años merece, como contrapartida, la concreción de la trascendental iniciativa.
Por otra parte, la conclusión de la obra es una forma de agradecer a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) su apoyo financiero. En ausencia de las interconexiones, la planta Los Tajos opera al 16 % de capacidad, lo cual representa un desperdicio de la generosa cooperación internacional.
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Tomás Martínez, presidente ejecutivo del AyA, no tiene certeza de conseguir los fondos. «No puedo asegurar que se consolide, pero todas las gestiones se están trabajando con el Banco Nacional», afirmó. Si la iniciativa no fructificara, ejecutarían por etapas el trabajo pendiente para financiarlo con recursos propios.
Esa no es una solución satisfactoria. El plan tiene un avance general del 76,5 % y dejar la cuarta parte para un futuro incierto, con los riesgos inherentes a ese tipo de posposiciones en el desarrollo de infraestructura, es inaceptable, en especial tratándose de obras tan necesarias y, al mismo tiempo, tan poco reconocidas, precisamente porque su finalidad es quedar ocultas. Por eso, el déficit y desarrollo del alcantarillado permanecen fuera del debate nacional pese a las vergonzosas consecuencias del descuido.
Los 361 kilómetros de tuberías, redes secundarias, colectores y redes de aguas negras conducirán las aguas residuales a la planta de tratamiento para salvar de la contaminación a los ríos de la GAM, cuyos caudales contribuyen a crear una de las cuencas más contaminadas de Centroamérica: la del río Tárcoles.
La cuenca hidrográfica abarca un área de 2.121 kilómetros cuadrados. En ella se vierten residuos de la GAM, donde reside aproximadamente el 50 % de la población nacional. La conclusión de las obras de recolección y tratamiento de aguas residuales no resolverá el problema, pero constituirá un significativo avance.
El agua y el alcantarillado son servicios baratos en Costa Rica. Existe la oportunidad de fortalecer las finanzas del AyA mediante un ajuste de tarifas. El agua no es un bien como cualquier otro. Si no se lucra con ella, tampoco puede descuidarse la inversión necesaria para garantizar el abastecimiento. Su disponibilidad depende, también, de la salud de los ríos y los mantos acuíferos.
Los errores de cálculo y planificación, sumados a imprevistos como las diferencias en los tipos de pavimentos y grosores del asfalto, conexiones ilegales, piedras y tanques sépticos bajo la vía pública, nada restan a la necesidad de la obra. Si hubiera responsabilidades, deben ser establecidas, pero el proyecto no puede quedar a medias y más bien es hora de pensar en la infraestructura adicional necesaria.