Si el país considera necesario el cargo de ministro de Educación, es preciso revisar con presteza la responsabilidad personal adjudicada al titular de la cartera en el Código Procesal Contencioso-Administrativo para el caso de una demora en el pago de sobresueldos reclamados por los educadores.
La norma y sus sanciones existen para todo funcionario, no solo para la ministra de Educación, pero en ese despacho el volumen de reclamos impide evitar las multas o la contratación de abogados por cuenta propia. En los últimos meses, la ministra Guiselle Cruz, con un salario de ¢3 millones, se ha visto obligada a desembolsar ¢2 millones en honorarios.
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En este momento, la funcionaria procura defenderse de tres multas por ¢450.200 cada una, equivalentes al salario base vigente en el 2020. Las tres sanciones nacen de reclamos administrativos iniciados en el 2015, unos cuatro años antes del nombramiento de Cruz, en julio del 2019.
Las multas están previstas en el artículo 159 del Código Procesal Contencioso-Administrativo: «El funcionario que incumpla sin justa causa cualquiera de los requerimientos del juez ejecutor tendiente a la efectiva ejecución del fallo será sancionado con una multa de uno a cinco salarios base», pero la ministra de Educación no tiene cómo cumplir.
Hay 107.000 reclamos administrativos de educadores por el pago de pluses, el 95 % de ellos por puntos de carrera profesional ganados al participar en capacitaciones y cursos de cualquier naturaleza. Si las gestiones no se resuelven en 110 días, el docente puede acudir al Tribunal Contencioso-Administrativo y plantear un amparo de legalidad. Los jueces dan 20 días al MEP para pagar lo adeudado. En caso de incumplimiento, se le previene cancelar en el plazo de tres días y, si no, se cobra la multa.
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De las 107.000 gestiones ya hay 10.400 trasladadas al Tribunal. El Departamento de Recursos Humanos cuenta con unas 35 personas para analizar, en cada caso, la pertinencia del reclamo y el cálculo de las sumas debidas. Luego, es necesario contar con el presupuesto para hacer el pago.
Solo en enero, el MEP recibió 545 prevenciones, de las cuales logró pagar 325 antes de vencer el plazo. Otras 220 se pagaron tarde y podrían transformarse en unos ¢100 millones en multas. En suma, la ministra debe hacer frente, personalmente, a procesos judiciales y multas que sus ingresos de tres años en el cargo no le permitirían sufragar. La misma situación enfrentarían sus sustitutos mientras pasa la ola de reclamos generada por el Código Procesal Contencioso-Administrativo, vigente desde el 2018, y la Reforma Procesal Laboral del 2017.
Las buenas intenciones del legislador no están en duda, pero el resultado, al menos en el caso del Ministerio de Educación, es absurdo. Si la ministra renuncia, quizá sus subalternos inmediatos practiquen con el despacho el juego de la papa caliente. Es difícil encontrar a un profesional dispuesto a asumir tamaño riesgo. El país tampoco puede descabezar al ministerio más grande y estratégico.
El MEP reforzó el departamento de personal y mejorará los sistemas informáticos. También cuenta con la disminución de los reclamos por la eliminación de pluses en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pero el resultado siempre distará de ser satisfactorio. La responsabilidad objetiva, sin culpa directa, es un estándar demasiado alto para todo jerarca, sin considerar las particularidades y limitaciones de su despacho. También ahuyenta a profesionales de primera línea, difícilmente atraídos por los salarios del gabinete. Ser ministro es una seria responsabilidad, pero no debería ser un sacrificio.