Daniela Cerdas E.. 4 marzo
La ministra de Educación, Guiselle Cruz, se defiende actualmente de tres multas por el atraso en el pago de pluses salariales de docentes. Foto: Albert Marín.
La ministra de Educación, Guiselle Cruz, se defiende actualmente de tres multas por el atraso en el pago de pluses salariales de docentes. Foto: Albert Marín.

En los últimos meses, la ministra de Educación, Guiselle Cruz Maduro, se vio obligada a gastar más de ¢2 millones para pagar abogados que la defiendan.

Personalmente, ella es, según el Código Procesal Contencioso Administrativo, la responsable de los atrasos del Ministerio de Educación Pública (MEP) para cancelar los sobresueldos que reclaman los docentes.

Como hay demora en los pagos del MEP, hay multa y ella es la que tiene que pagarla, a pesar de que muchos de los reclamos ni siquiera se presentaron durante su periodo como ministra, el cual comenzó en julio del 2019.

Actualmente, sus abogados la defienden de tres multas que ya le notificaron, cada una por un monto de ¢450.200, correspondiente al salario base del 2020 (¢1.350.000 en total).

Ella apeló esas multas porque no las considera justas. Los reclamos administrativos que depararon en esas tres infracciones, se iniciaron en el 2015.

Sin embargo, Cruz está bajo amenaza de otros centenares de sanciones que debe afrontar con su propio peculio.

Solo en enero recibió 545 prevenciones (advertencias) por atrasos en el cumplimiento de las conciliaciones que tramitaron los docentes en la vía judicial para el pago de esos pluses, en su gran mayoría, el de carrera profesional, pero también por anualidad, evaluación del desempeño, entre otros.

En la conciliación se le dan 20 días al MEP para que pague el monto que le debe al docente. Si no lo paga, llega la notificación de prevención para que lo haga en un plazo de tres días. De no cumplir, se aplica automáticamente la multa a la ministra, la cual debe ser notificada de manera personal.

Según la funcionaria, de esas 545 prevenciones, el MEP logró pagar 325 antes de que venciera el plazo. Hay otras 220 que se pagaron, pero superaron el tiempo de tres días para su ejecución, por lo cual ese atraso se traduce en más sanciones directas contra Cruz.

Algunas multas estarían en proceso de notificación a la ministra, según la ley. Entonces, por esas 220 prevenciones que terminaron en sanción, Cruz debe en este momento cerca de ₡100 millones, teniendo en cuenta que solo se multara con un salario base.

Ella, quien tiene un salario de ¢3 millones, no sabe cuántas notificaciones de esas multas llegarán a su despacho.

“En aplicación del artículo 159 se me ha condenado al desembolso de mi propio peculio cuando en realidad se trata de un problema estructural que se arrastra desde hace muchos, años antes de mi ingreso como ministra”, declaró.

Bola de nieve

Los números contra Cruz Maduro son todavía más si se revisa la cantidad de reclamos sin resolver que tiene el MEP.

Son 107.000 gestiones administrativas de educadores que exigen el pago de pluses. El 95% de esas gestiones son para la cancelación de puntos de carrera profesional por capacitaciones o cursos de cualquier naturaleza que recibieron los educadores, algunos antes del 2006.

Si esas gestiones administrativas no se resuelven en 110 días, el docente acude, por medio de su abogado, al Tribunal Contencioso Administrativo para reclamar el pago por medio de un amparo de legalidad.

De los 107.000 gestiones, 10.400 ya se encuentran en el Tribunal.

“El componente de carrera profesional nos tiene lidiando con 107.000 reclamos que tenemos pendientes desde el 2006″, declaró Cruz a La Nación. “Es una situación muy compleja. Es materialmente imposible resolverlos porque se requiere un cálculo (de lo que supuestamente se le debe al docente), análisis y, además, presupuesto. Hemos hecho un gran esfuerzo para que se atienda al usuario, pero se han agotado los plazos que da la ley”, agregó.

Para atender los reclamos administrativos de la planilla del MEP, con 86.000 funcionarios, el departamento de Recursos Humanos contaba con cerca de 35 personas. En general, son los abogados de los sindicatos y los del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) quienes tramitan dichas quejas contra el MEP.

Yaxinia Díaz, directora de Recursos Humanos del Ministerio, dijo que sí hay voluntad de atender las gestiones administrativas de los docentes. Sin embargo, el problema es que resuelven casos, pero a la vez entran más. Del 2012 al 31 de enero del 2021 han resuelto 112.334 reclamos administrativos para el pago de pluses.

“El Contencioso Administrativo entra a regir en el 2008, la Reforma Procesal Laboral, del 2015, rige en 2017. Esos hechos históricos se ven reflejados justamente en esos datos (de incremento de reclamos). La reforma Procesal Laboral también empodera a los administrados para emitir los reclamos”, dijo Díaz.

Agregó que ella también está entre los funcionarios a los que se les aplicaría la multa si la ministra no paga.

Mario López, director de asuntos jurídicos del MEP, declaró que esto estalló en esta administración porque los reclamos no se habían atendido en el pasado por falta de personal y recursos tecnológicos. La mayor parte de los 107.000 reclamos de pago de pluses pendientes ingresaron en 2017, 2018 y 2019.

Fuente:MEP
Fuente:MEP
¿Por que le cobran a la ministra?

El cobro a Cruz se da porque así lo establece el artículo 159 del Código Procesal Contencioso Administrativo en el apartado de ejecución de sentencia.

“El funcionario que incumpla sin justa causa cualquiera de los requerimientos del juez ejecutor tendiente a la efectiva ejecución del fallo, será sancionado con una multa de uno a cinco salarios base”, dice el artículo.

Cruz afirmó que “es desproporcionado en relación con el MEP, en una institución con estas características, lo que está pasando. Los reclamos no corresponden necesariamente a mi periodo. Estamos con un plan de mejora; hay una voluntad de pagar, de atender estos reclamos, sin embargo, las condiciones que tenemos no lo permiten. Está desbordada la cantidad de casos con respecto a lo que establece el código para cumplir los plazos”.

Agregó que no se cumplen los plazos legales para pagar lo adeudado por la falta de personal para atender la avalancha de reclamos, revisar expedientes y documentos.

Además, muchas veces, cuando llega la prevención, tienen el dinero para depositar, pero el sistema informático de pago, llamado Integra2, está programado para ejecutar los pagos ordinarios de la planilla tres o cuatro veces al mes, lo cual imposibilita cumplir a tiempo.

Soluciones

La ministra dijo que desde que ella entró al MEP tuvieron que realizar un plan de contingencia para atender los reclamos administrativos, con personal de otros departamentos.

Se reforzó el área de Recursos Humanos con 15 funcionarios más y se van a sumar otros 30 que colaboren a revisar expedientes. También se desarrollaron herramientas tecnológicas que agilizan el proceso para atender los reclamos en la vía administrativa y que no lleguen a la vía judicial.

“De continuar ese comportamiento, la Dirección de Recursos Humanos estima que en un plazo aproximado de dos años, los usuarios no tendrán la necesidad de acudir a la vía judicial”, dijo Cruz.

Añadió que cada vez van a ser menos las gestiones por el no pago de puntos de carrera profesional, que es lo que más reciben, ya que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), que entró a regir en el 2018, vino a frenar que esos puntos se reconocieran por cualquier tipo de curso que llevara el educador, como ocurría antes.

Esta ley determina que si es la Administración quien paga el curso, no se reconoce para puntos de carrera profesional. Además, solo se reconocerán títulos de materia atinente al puesto.

La ministra explicó que el presidente Carlos Alvarado está al tanto del problema que ella enfrenta y solo dijo que tanto él como el ministro de Hacienda, Elián Villegas, le han expresado que la apoyan en el plan de contingencia para atender estos reclamos.

¿Esta situación la hace pensar en una eventual renuncia por la cantidad de reclamos pendientes y las posibles multas?, le preguntó La Nación.

“Estoy con la defensa personal. Confío en que la administración de justicia del país pueda estabilizar esta situación y también tengo un compromiso con la educación costarricense desde hace más de 25 años. Estoy en este punto ahora y confío en la administración de justicia y en la defensa personal para llevar a buen término este proceso”, mencionó.

Fuente:MEP
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