Las relaciones entre Costa Rica y Venezuela son, técnicamente, un asunto bilateral, que corresponde decidir a ambos países de manera soberana. Políticamente, sin embargo, adquieren dimensión continental y, por ende, colectiva. Desde que en diciembre del 2018 nuestro gobierno desconoció, junto con muchos otros, la farsa electoral que mantuvo en el poder a Nicolás Maduro y, en enero del año siguiente, reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo, aunque con carácter interno, la política nacional hacia ese país ha sido coordinada con varias democracias del hemisferio y Europa.
Esta estrategia se justifica plenamente. Primero, la usurpación democrática de Maduro implica una violación a los principios más elementales de la democracia representativa y a la Carta Democrática de las Américas, de la que somos signatarios, al igual que los otros países con los que hemos actuado coordinadamente. Segundo, actuar coordinadamente nos fortalece como conjunto y como Estados individuales. Tercero, de esa manera es más posible, por un lado, influir en el curso de los acontecimientos venezolanos; por otro, propiciar eventuales negociaciones desde posiciones más sólidas.
Si bien es cierto que, paulatinamente, Juan Guaidó se ha debilitado y ha perdido parte del reconocimiento del que inicialmente disfrutó, también lo es que Maduro no ha modificado en nada su actitud dictatorial y tampoco ha ganado en legitimidad. Su fuerza no se basa en el respeto a las normas democráticas, sino en el control del aparato de poder. Quizá logre finalmente, por esta vía, crear una legitimidad de hecho, y que esta conduzca a reactivar el reconocimiento internacional. Sin embargo, estamos lejos de ese momento, y la posibilidad de tal circunstancia torna más relevante aún que se mantenga la unidad de un conjunto de democracias, entre ellas, la nuestra, en relación con Venezuela.
Por todo lo anterior, resulta sumamente imprudente que, en las primeras declaraciones tras anunciarse su nombramiento, el canciller designado, Arnoldo André Tinoco, manifieste que la administración entrante “evalúa” la posibilidad de reconocer a Maduro. Emitir anuncios sobre política exterior sin haber ocupado el principal despacho de la Casa Amarilla y, por ende, ni siquiera haber tenido oportunidad de conversar al respecto con sus pares de otros países, va a contrapelo de una elemental prudencia diplomática. Además, la declaración sin previa coordinación puede generar tensiones con quienes hemos acompañado hasta ahora en una política común hacia Venezuela, y sin duda debilitará nuestra posición como país ante Maduro: solos es muy poco lo que podremos negociar, y nada lo que podremos exigir; juntos, algo será posible.
Apenas el jueves, el presidente electo, Rodrigo Chaves, dijo que invitaría a Guaidó a su toma de posesión. Lanzarle al día siguiente un balde de agua fría es, en el mejor de los casos, una lamentable descortesía diplomática; en el peor, un ejemplo de descuido o descoordinación interna.
A lo anterior debemos añadir, como otra señal inquietante en cuanto a la conducción de la política exterior, el anuncio formulado por Chaves durante la campaña de que nombraría un embajador en Nicaragua. De nuevo, se trató de una declaración prematura, por el momento en que fue hecha, pero, peor aún, solo puede interpretarse como una concesión gratuita al dictador Daniel Ortega, que nos deja en una posición de debilidad.
En todos los ámbitos de la política es necesario ser cuidadosos; en política exterior, todavía más, no solo porque están de por medio aspectos como soberanía, integridad territorial, compromisos colectivos y valores de trascendencia regional o universal, sino también porque los traspiés en estos ámbitos pueden deteriorar relaciones con aliados preciados y necesarios. Y si de por medio están las relaciones con dos detestables dictaduras hemisféricas, con mayor razón ser, cuando menos, cuidadosos y estratégicos, no impulsivos y descuidados.