Justo a tiempo para impedir su remisión al archivo, la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa dictaminó favorablemente el empréstito de $300 millones negociado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar la construcción del tren eléctrico de pasajeros.
El país estuvo a punto de perder un préstamo acordado en condiciones inmejorables. La tasa de interés es del 3,8 % anual con 20 años de plazo y cinco de gracia. El Fondo Verde del Clima, de las Naciones Unidas, aportaría otros $250 millones con interés del 0 % a 40 años plazo y una década de gracia para comenzar a pagar. Además, donaría $21,3 millones para obras complementarias, como ciclovías y espacios públicos relacionados con el ferrocarril.
En el rescate del crédito fueron decisivos tres votos del PLN y uno del PUSC que se unieron a un diputado del PAC para producir el dictamen afirmativo por cinco votos a cuatro. El giro del PLN, atribuido al candidato presidencial José María Figueres y su programa de gobierno, que califica el proyecto de prioritario reservándose la posibilidad de ajustarlo, pareció una reafirmación de ese compromiso, pero en solo 24 horas la impresión se disipó.
Figueres declaró su satisfacción por la aprobación del ventajoso crédito; sin embargo, anunció su intención de utilizarlo para satisfacer otras necesidades nacionales si llega al poder. El planteamiento es asombroso porque equivale a renunciar al préstamo después de celebrar su salvamento.
Si la Asamblea Legislativa aprueba el crédito, la «renegociación» anunciada por Figueres es imposible por dos razones: la aprobación sería ley y el destino de los fondos está claramente establecido en el contrato cuya sección 2.01 reza: «Breve descripción del proyecto. El prestatario, a través del organismo ejecutor, tiene la intención de ejecutar el proyecto denominado “Construcción, equipamiento y puesta en operación de un sistema de tren rápido de pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana (GAM)”, localizado en las provincias de Cartago, San José, Heredia y Alajuela, República de Costa Rica, el cual tiene el objetivo de mejorar los tiempos de movilización de los habitantes, mediante el diseño, financiamiento, construcción y operación de un sistema de tren rápido de pasajeros (TRP) seguro, eficiente y limpio. El prestatario, a través del organismo ejecutor, concesionará el proyecto, para lo cual utilizará los recursos del préstamo como contrapartida estatal de la concesión».
Acto seguido, para no dejar duda de la imposibilidad de destinar los fondos a otros fines, la sección 2.02 dice: «Destino de los fondos. Los fondos provenientes de este contrato serán utilizados por el prestatario exclusivamente para el financiamiento parcial de la contrapartida nacional para la ejecución del proyecto brevemente descrito en la sección 2.01 anterior, de conformidad con el Plan Global de Inversiones aprobado por el BCIE».
Para financiar otras necesidades, el próximo gobierno se vería obligado a traerse abajo la ley, haciendo un papelón ante la comunidad financiera internacional, e intentar una nueva negociación, partiendo de cero, es decir, renunciaría a los créditos concedidos. En ese caso, es imposible entender por qué el PLN impidió la pérdida del préstamo y su remisión al archivo.
Mejor hubiera anunciado su oposición al crédito y al tren, así como el propósito, si llega al gobierno, de definir las otras necesidades y buscarles financiamiento. Claro está, el Fondo Verde del Clima no regala dinero para cualquier cosa ni el BCIE ofrece condiciones tan favorables para lo que un país tenga a bien presentarle.