No se puede servir a dos amos porque hacerlo expone a conflictos de intereses. Esas contradicciones, potenciales o reales, son, con sobrados motivos, cada vez más analizadas por los estudiosos de la administración. Toda persona tiene una agenda propia que debe reconciliar, en algún aspecto, con la de su empleador o contratante. Una de las críticas más frecuentes a la labor del Estado es que, por falta de controles eficaces, buena parte de su agenda tiende a satisfacer el interés de la burocracia, no el de los representados.
Para minimizar los daños potenciales de los conflictos de intereses existe un conjunto de “mejores prácticas” generalmente aplicadas. Por ejemplo, una firma no debe dar servicios de auditoría y consultoría a un mismo cliente, pues difícilmente se desempeñará a cabalidad en la primera de esas funciones. A ningún alto ejecutivo de una empresa inscrita en bolsa se le permite comprar o vender acciones sin dar un aviso previo al mercado, para que este investigue los móviles de esa decisión y no le tome desprevenido. En un banco, quien aprueba un préstamo no lo formaliza, pues los honorarios devengados por hacerlo podrían llevarlo a ser menos riguroso en el estudio de las operaciones. El proveedor que ordena una compra no autoriza su pago y el proceso asegura el ingreso de lo comprado al inventario de la empresa. Ningún auditor ejerce puestos de dirección en una misma compañía. La lista es larga y existe por los perjuicios derivados de los conflictos de intereses, bien probados mediante la experiencia.
En esta semana informamos de los señalamientos de la Contraloría General de la República sobre la existencia de potenciales conflictos de intereses entre empresas privadas que dan servicios de inspección al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y, a la vez, suplen servicios de mantenimiento de obras viales. Como podrían estar sirviendo a dos amos y porque las sumas involucradas sobrepasan los ¢5.000 millones anuales, el negocio debe ser objeto de cuidadoso estudio de las autoridades (“Contraloría advierte de posible conflicto de intereses en obras viales”, La Nación, 7/11/2018).
Una solución al potencial problema es que el Conavi se abstenga de contratar servicios de inspección a empresas que venden servicios a las compañías constructoras. Eso obligaría a las compañías inspectoras a especializarse en esa labor, con el probable beneficio de lograr un desempeño más eficaz. Sin embargo, como manifestó Mario Rodríguez, director del Conavi, la restricción podría resultar muy fuerte y hasta atentar contra la sana competencia dado el reducido número de compañías del ramo en el país.
Una respuesta más práctica consistiría en que el Conavi se abstenga de contratar la inspección de obras a firmas que, durante los dos últimos años, hayan suplido servicios de consultoría a la empresa constructora cuya ejecutoria se desea evaluar. Un período de “enfriamiento” como el señalado se constituye en una protección razonable para los recursos públicos. En todo caso, el Conavi debe eliminar de su lista de potenciales firmas inspectoras a las que suplan servicios deficientes, sea por favoritismo con empresas constructoras o por debilidades de naturaleza administrativa o técnica. El retiro del inventario de proveedores debe ser expedito, con las previsiones necesarias para evitar la burla mediante el cambio de razón social y otros subterfugios.
La Contraloría General de la República merece apoyo en su celo por evitar que los recursos públicos se utilicen indebidamente y por minimizar los conflictos de intereses, potenciales y reales, muchas veces presentes en las contrataciones que, por montos elevados, efectúa el sector público. Casos como el del Conavi, ya bien diagnosticados, deben ser resueltos sin dilación.