La vía rápida aprobada para tramitar el plan de fortalecimiento de las finanzas públicas permitirá votar la iniciativa en primer debate antes de concluir la legislatura, opinan los promotores del proyecto. La votación definitiva queda para el Congreso entrante y plantea una difícil disyuntiva a quienes estén sinceramente interesados en equilibrar las finanzas, cerrar el déficit y enfrentar el endeudamiento.
Por una parte, la iniciativa es necesaria para dar al gobierno un respiro. En diciembre y a inicios de año, el Ejecutivo se vio obligado a colocar bonos para enfrentar gastos urgentes. La premura obligó a ofrecer condiciones muy favorables a los inversionistas, entre ellas, altas tasas de interés.
Además, las calificadoras de riesgo y los mercados internacionales esperan atentos las señales de la próxima administración y del nuevo Congreso. La demora de la segunda votación, si no se le justifica cuidadosamente, podría dar a entender una peligrosa falta de voluntad para enfrentar la seria situación fiscal del país.
En el otro lado de la disyuntiva, está la posibilidad de una pronta aprobación del proyecto en segundo debate, que podría ser aprovechada por el nuevo gobierno para entrar en una zona de relativo confort y “patear la bola para adelante”, como se ha venido haciendo. El Congreso habrá entregado, a cambio de nada, un importante mecanismo de presión para exigir reformas significativas e ineludibles. El país se verá obligado a hacerlas tarde o temprano, pero el paso del tiempo elevará su costo.
Por eso es necesario pensarlo dos veces antes de dar al gobierno, no importa cuál sea, la posibilidad de evitar conflictos mediante el inmovilismo. Costa Rica debe encarar sus problemas porque, de lo contrario, la realidad se encargará de resolverlos con mucho sufrimiento. La próxima Asamblea Legislativa debe cuidarse de no financiar la parálisis.
Según los cálculos más optimistas, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas tendría un impacto equivalente al 1,9 % del producto interno bruto (PIB), casi todo mediante la generación de nuevos ingresos, especialmente por la transformación del impuesto de ventas en el impuesto al valor agregado (IVA), sin subir la tasa del 13 %. La reforma ampliaría la base de contribuyentes, abarcando servicios que hoy no están gravados.
Poco hace el proyecto de ley para frenar el crecimiento del gasto público. En ausencia de un esfuerzo para controlar las erogaciones, ninguna fuente de ingresos será suficiente, sobre todo, una tan modesta como la planteada. Restar un par de puntos al déficit fiscal siempre dejaría al país en crisis, con un faltante de entre el 4 % y el 5 % y en camino a retomar niveles superiores bajo impulso de los disparadores del gasto público.
Luego de aprobada la vía rápida, el ministro de Hacienda, Helio Fallas, explicó, sin pretenderlo, las razones para proceder con cautela. La aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, dijo el ministro, permitirá negociar un crédito de $800 millones con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los fondos servirán para brindar al gobierno “apoyo presupuestario” a mejores tasas de interés. En buen romance, lograremos financiar, mediante endeudamiento barato, más de lo mismo.
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No es eso lo que necesita el país. El endeudamiento podría ser inevitable para sortear una crisis y, en ese caso, bienvenidas las condiciones blandas, pero no hay ventaja financiera atractiva si el destino de los fondos es alimentar la voracidad de un Estado incapaz de controlarse y empecinado en defender sus excesos a perpetuidad, como si las fuentes de ingresos fueran inagotables y las necesidades del grueso de la población, siempre postergables.
El próximo gobierno estará entre la espada y la pared. La Asamblea Legislativa debe aprovechar la circunstancia para exigirle responsabilidad fiscal, tan escasa en la actual administración. Un tempranero acuerdo, negociado antes de las juramentaciones, podría lograrlo sin inquietar demasiado a los observadores internacionales.