La banca y el sistema financiero cumplen una función indispensable. Contribuyen a trasladar recursos de unidades superavitarias a otras, con buenos proyectos, pero sin capital suficiente para financiarlos. La sana práctica bancaria exige conceder los créditos luego de considerar, en su orden, la rentabilidad de los proyectos financiados, la honorabilidad del solicitante y, solo después, la calidad de la garantía. En efecto, si el principal criterio fuera la garantía quizá muchas empresas –en particular las medianas y pequeñas– tendrían problemas para obtener financiamiento.
Para el análisis de la calidad de los proyectos, y el de la ejecutoria empresarial, los bancos y otras entidades recurren fundamentalmente al examen de los estados financieros (balance de situación, estado de resultados y flujos de caja) de los solicitantes. Cuando median sumas importantes, exigen “estados auditados”, es decir, analizados por profesionales que certifican la veracidad de la información contenida en ellos. El papel de los auditores es importantísimo en esta materia y como por su trabajo devengan honorarios, también se impone exigirles rigor en el análisis.
Por eso, el sonado caso de Yanber, una importante empresa nacional que aparentemente suplió información auditada no fidedigna a bancos públicos y privados para obtener crédito cuando entró en graves problemas financieros, es sumamente preocupante (“Yanber ocultó a bancos su crítica situación financiera”, La Nación, 30/1/2018). Por un lado, los propietarios y administradores aparentemente incurrieron en graves responsabilidades mediante un sistema de “doble contabilidad”. Por otro, sus auditores externos –no sabemos la causa– certificaron como buenas cifras que no lo eran. Unos y otros deben responder ante la ley.
En el caso de los auditores externos, a menudo existe un potencial conflicto de intereses que conviene tener presente: al ser sus servicios pagados por la propia empresa que auditan, podrían actuar de manera complaciente. Este problema se aminora exigiendo a las empresas cambiar periódicamente de auditores externos. Además, en algunos países, las firmas de auditoría tienen prohibido vender servicios de consultoría a las empresas auditadas, porque eso las convierte en juez y parte.
Similar riesgo moral existe en el caso de los peritos contratados para valorar propiedades, edificios y maquinarias ofrecidas a los bancos en garantía de préstamos. En este caso, el riesgo consiste en que se sobrestime el valor de las garantías, toda vez que los honorarios del perito son función directa del precio de los bienes evaluados. A mayor valor, mayor honorario profesional.
Cuando un banco o financiera acepta una garantía sobrevalorada, el interés del deudor en servir puntualmente su obligación crediticia tiende a disminuir. La protección del banco, y de sus depositantes e inversionistas, consiste en aceptar las garantías por montos inferiores a su valor tasado, por ejemplo, por no más del 70 %. Otra medida de protección es negarse a aceptar avalúos hechos por profesionales cuya labor no esté bien acreditada.
Como de todas maneras en la concesión de crédito suele mediar asimetría de información (el solicitante sabe más de la empresa, y del entorno en que opera, que el banco acreedor), el esquema de ahorro y crédito de un país solo funciona a cabalidad cuando las acciones de los participantes se dan en el marco de los más altos estándares de honorabilidad, y el caso de Yanber es un recordatorio importante.