Una triste realidad en materia de políticas públicas es favorecer acciones cuyos beneficios se ven en el presente y los costos en el futuro, en lugar de adoptar aquellas con costos presentes, pero beneficios, por grandes que sean, materializados en el futuro. La reforma al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es un claro ejemplo.
El IVM es el principal esquema de jubilaciones de Costa Rica, al cual cotizan 1,5 millones de trabajadores, cerca de 90.000 patronos y el Estado. Pero, según estudios actuariales, la reserva, su soporte, está pronta a agotarse e incluso, con reformas parciales, su vida no pasaría del 2046. Llegados a ese punto, el Estado deberá afrontar los pagos a los beneficiarios.
La debilidad financiera de la seguridad social de un país constituye una contingencia cuasifiscal, y, en Costa Rica, el gobierno no está preparado para cargar de más compromisos financieros el presupuesto nacional.
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Con el propósito de identificar soluciones para garantizar la sostenibilidad del IVM en el tiempo, se creó una mesa de diálogo conformada por representantes de las partes involucradas: trabajadores, patronos y el Poder Ejecutivo. El grupo identificó una serie de medidas correctivas, como lo son elevar las contribuciones y adecuar los beneficios. Fueron aprobadas por la Junta Directiva de la CCSS, pero, desafortunadamente, son insuficientes.
Dada la magnitud del problema, resulta necesario adoptar otras medidas que requieren aprobación legislativa, como son el trasladar al IVM recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), así como el aporte del 0,25% que de los salarios se canalizan al Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Pero eso no se ha hecho y ni siquiera se ha preparado un proyecto de ley al respecto.
El gerente de pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, y Marielos Alfaro y José Luis Loría, directores de la entidad, externaron su disconformidad por el poco interés mostrado por la pasada administración, de Luis Guillermo Solís, una de cuyas características fue la pasividad e indecisión, la misma actitud mantenida por la actual, de Carlos Alvarado (“Caja critica falta de apoyo del gobierno para reformas al IVM”, La Nación, 9/5/2019). Como manifestó la directora Alfaro, representante del sector empresarial en la Junta Directiva de la CCSS, se trata de un “tema de Estado” y, por tanto, trasciende toda administración.
El fenómeno descrito en el inicio de este comentario editorial, aparentemente, está ocurriendo, pues los políticos ven más fácil dejar a sus sucesores la solución de los problemas que aflorarán en el distante futuro. En este caso, en el 2046, que, valga decir, está a la vuelta de la esquina.
El presidente, Carlos Alvarado, encargó al presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, presentar un plan de acción, el cual, considerando las circunstancias, asegure dar sostenibilidad en el tiempo al IVM. Como no se ha brindado más información al respecto, entre otra, los plazos para presentar la propuesta y la hoja de ruta, podríamos estar ante una nueva posposición de tan trascendental asunto.
Instamos a la Junta Directiva de la CCSS, a las organizaciones empresariales y a representantes de los trabajadores a dar seguimiento cercano y sistemático a este problema y a apoyar las reformas técnicamente necesarias para evitar en el 2046, si no antes, ser testigos de la desaparición de uno de los principales logros del esquema de seguridad del país. La reforma del IVM no debe posponerse más.