Solo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene potestad para comprar energía eléctrica en nuestro país y para exportarla al mercado eléctrico regional (MER). Ni el propio ICE puede designar a terceros para vender electricidad en el extranjero. Si la empresa pública deja de renovar los contratos de los generadores privados, como lo ha venido haciendo, la única opción es el cierre de las plantas.
Ningún otro desenlace es posible, según el reciente dictamen de la Procuraduría General de la República a la consulta planteada por el ICE. Así lo ordena la legislación; sin embargo, el resultado no es racional. Solo las siete instalaciones que dejaron de operar y las próximas que lo harán están valoradas en $47 millones, y hay otras 26 plantas privadas cuyos acuerdos aún están vigentes.
Todas son capaces de producir energía limpia y barata. El ICE importa electricidad generada por plantas térmicas a un precio de $0,10 el kilovatio hora (kWh), pero los generadores privados, en aras de mantener sus operaciones, firmaron una carta de intenciones con un precio cinco veces menor: $0,02 el kWh.
Las circunstancias extremas de la industria influyen en ese precio, pero entre $0,02 el kWh y $0,10 hay mucho margen, sin contar el beneficio de la limpieza. El uso de plantas térmicas centroamericanas es tan dañino para el ambiente como el empleo de las nacionales, porque el efecto invernadero no reconoce fronteras.
Los generadores privados confían en su capacidad para competir con ventaja en el mercado regional. También, podrían hacerlo en Costa Rica. Un reciente estudio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) fija en ¢124 el kWh el costo promedio de la empresa estatal, en contraposición con los generadores privados, cuya media es ¢49.
Por su estructura de costos, eficiencia, armonía con el ambiente y la inversión hecha, lo razonable es salvar a las generadoras privadas. El gobierno lo entiende y se comprometió con la causa, pero el proyecto de ley para permitir la exportación al mercado regional con el ICE como intermediario no ha llegado a la corriente legislativa. La empresa estatal cobraría un peaje como única representante del país ante el MER.
La autorización, señala la Procuraduría, no es posible mediante una simple directriz. Solo la reforma legal impediría el cierre de las plantas sin contrato con el ICE. El domingo la planta denominada P. H. Río Segundo, en Bajos del Toro, Alajuela, se convirtió en la cuarta en poner candado por tiempo indefinido.
La urgencia de preservar las instalaciones y evitar el deterioro no compatibiliza con los tiempos usuales del Parlamento, en estos momentos, enfrascado en otras discusiones de trascendencia. No obstante, debería ser relativamente fácil tramitar una iniciativa de emergencia, y minimizar los temores del ICE frente a la competencia y con la mira puesta en evitar el grosero desperdicio de plantas cuya vida útil está lejos de agotarse.
El precio de la energía figura entre las limitaciones a la competitividad nacional, y si bien la limpieza de nuestra generación constituye un atractivo, sería mucho mejor proclamar la independencia de la electricidad producida con hidrocarburos en el país o en el extranjero. Los generadores privados nos recuerdan que ambas posibilidades, limpieza a un precio razonable, están a nuestro alcance.
En algún momento no muy lejano nos veremos obligados a plantearnos el problema del costo de la energía como limitante del desarrollo. Ojalá entonces no lamentemos la desaparición de los generadores privados y de sus cuantiosas inversiones, a estas alturas libres de cargas financieras en muchos casos.