En los años 2020 y 2021 la emergencia sanitaria de la covid-19 justificó la eliminación de los medios de evaluación tradicionales en escuelas y colegios. Con ellos se suspendieron también las tareas y la calificación del desempeño cotidiano. Fueron años extraordinarios, y la educación se vio obligada a adoptar métodos también inusuales. Los exámenes fueron sustituidos por “estrategias de promoción” basadas en ensayos, análisis de casos o trabajos asignados a los estudiantes.
Los textos pedagógicos para el aprendizaje en el hogar, llamadas Guías de trabajo autónomo (GTA), fungieron como medios para la evaluación, pero las oportunidades de engaño eran múltiples, y trascendió la práctica, en muchos hogares, de buscar la ayuda de terceros para responder las preguntas. Así, era imposible comprender el desempeño del estudiante y su aptitud para avanzar en el proceso educativo.
El retorno a las aulas, el 17 de febrero, avivó la esperanza de superar la etapa y aprovechar la normalización para recuperar el tiempo perdido, pero el Ministerio de Educación Pública (MEP) planteó la posibilidad de extender hasta el 2023 la aplicación de algunos métodos de evaluación practicados durante la emergencia. El Consejo Superior de Educación (CSE) lo evitó, pero la tentativa inquieta.
Además de oponerse a la propuesta, el CSE obligó al MEP a aplicar el Reglamento de Evaluaciones de los Aprendizajes(REA) con todo y exámenes, tareas, asistencia a clases y trabajo en el aula. Una vez más los elementos citados definirán la promoción y permitirán conocer el desempeño real de los estudiantes, reflejo de la labor de los profesores.
La laxitud de los métodos de evaluación favorece a unos y otros, pero finalmente perjudica al país, así como a los graduados incapaces de ingresar al mercado laboral o de continuar los estudios sin las bases de conocimiento necesarias. La educación nacional ya produce demasiados resultados de ese tipo como para arriesgar su aumento.
Una buena síntesis de lo sucedido la hizo el exministro de Educación (2006-2014) y miembro del CSE Leonardo Garnier: “Para el 2022, el MEP planteó el regreso a la presencialidad; sin embargo, nos hicieron una solicitud para mantener algunas de las prácticas evaluativas aplicadas en el 2021. Al CSE le pareció incorrecto mantener la evaluación que solo se había aprobado por la emergencia. Nos pareció inadecuado utilizar la pandemia para aprobar una reforma significativa del REA sin mayor estudio”.
Quizá la principal sorpresa del episodio fue la respuesta de la viceministra María Alexandra Ulate cuando se le preguntó por los criterios técnicos que fundamentan la iniciativa y las razones para presentarla. “Se trató de una propuesta escuchada por el CSE (...). Al no haberse aprobado, quedó como un documento de trabajo que no tiene carácter ni interés públicos”.
En otras palabras, la labor del MEP solo es objeto de escrutinio cuando produce una política concreta. Los “documentos de trabajo” elaborados con recursos públicos son privados y las autoridades del Ministerio deciden cuáles temas son de interés para la sociedad. La ignorancia sobre las normas básicas de esta y cualquier otra democracia es asombrosa y contribuye a explicar muchos desaciertos del MEP. Así se comprende mejor la extracción de información sensible de los estudiantes con ocasión de las pruebas FARO, para dar un ejemplo. Si el Ministerio desconoce la protección constitucional al derecho de acceso a la información pública, ¿por qué sorprendernos por su falta de sensibilidad frente a la información protegida?