El Fondo Monetario Internacional (FMI) se dio por satisfecho con el cumplimiento de las metas pactadas con Costa Rica para finales de julio. Destacó la evolución favorable de los ingresos, la prudencia en el gasto y la mejoría en las condiciones del mercado. También, estimó en un 4,7 % el crecimiento del producto interno bruto (PIB) este año, muy por encima del 2,6 % previsto cuando se negoció el financiamiento por $1.778 millones. La revisión al alza se debe, según los técnicos, al crecimiento de las exportaciones y una vigorosa campaña de vacunación.
No obstante, sería un error echar las campanas al vuelo. Los resultados son coyunturales e insostenibles si no avanzan los ajustes estructurales. El FMI lo advirtió con delicadeza, mas no dejó de hacerlo. «Las medidas adicionales sobre ingresos que se están debatiendo en la Asamblea Legislativa son esenciales para que el programa de las autoridades siga encaminado hacia el logro de un superávit primario del 1 % del PIB fijado como meta para el 2023, y para garantizar que la relación deuda pública a PIB entre en una firme trayectoria descendente», dijo Manuela Goretti, jefa de la misión.
También, señaló la continuidad de la primera evaluación. El FMI decidirá, a mediados de noviembre, si hace nuevos desembolsos en el marco del acuerdo suscrito con Costa Rica. En ese momento, tendrá una idea más precisa del avance o estancamiento de los proyectos de ley mencionados en el acuerdo. Una suspensión del programa tendría consecuencias muy serias para las finanzas públicas y la economía.
El pleno cumplimiento es prácticamente imposible. Si la Asamblea Legislativa da primer debate a la ley de empleo público, existe una buena posibilidad de otra consulta de constitucionalidad para torpedear el proceso. Aunque la Sala Constitucional tarde menos en resolver, difícilmente se conseguirá la aprobación para la segunda semana de noviembre. El trámite de los demás proyectos de la agenda tampoco promete.
Apenas podemos aspirar a demostrar suficiente movimiento para lograr el desembolso y la continuidad del acuerdo de servicio ampliado, pactado a tres años. Ese desenlace está lejos de tenerlo asegurado y más bien persiste el peligro de una imprudencia, como la rebaja del impuesto sobre la propiedad de vehículos, para convencer al FMI de nuestra irresponsabilidad fiscal.
El economista José Luis Arce salió al paso de toda celebración prematura. El comunicado del FMI, afirmó, significa que no hemos cumplido la primera revisión. «El mensaje está claro: en las próximas semanas tiene que haber más avance político en las reformas para que se apruebe la primera revisión y se dé el segundo desembolso. La pelota está ahora en el campo costarricense», afirmó, para luego recriminar la pérdida de tiempo en discusiones sin sentido.
Ese sobrio realismo es indispensable para evitar ilusiones con enorme potencial destructivo. Para imaginar el futuro, si el país fracasa en el ajuste necesario, basta con repasar el ejercicio recién elaborado por el Ministerio de Hacienda para imaginar la economía del futuro. En el 2026, la restricción de inversiones en obras y servicios esenciales alcanzaría un punto crítico. El Estado se vería obligado a aumentar el endeudamiento para hacer frente a sus obligaciones y eso restringiría el financiamiento del sector privado.
A falta de reformas, todo dependería de la aplicación de la regla fiscal y nuevos empréstitos. Aun en ese caso, la deuda aumentaría al 74,7 % del PIB y el déficit fiscal se ubicaría en un 3,3 % de la producción. No obstante, advierte la Contraloría, «podrían tomarse decisiones con fuerte incidencia sobre el gasto público que luego sean difíciles de detener o revertir», además de impredecibles presiones por emergencias o desastres naturales. Posponer las reformas implica hacerlas en el futuro, con el agua al cuello.