La Contraloría General de la República propone una medida para mejorar las finanzas públicas en ¢380.000 millones anuales sin aumentar impuestos y ni siquiera mejorar la recaudación de los existentes. La iniciativa tampoco prevé recorte de gastos y programas. La suma es enorme, supera el 1 % del producto interno bruto y haría una significativa contribución a los esfuerzos para limitar el endeudamiento.
El ahorro equivaldría al 7 % de los ingresos corrientes del Gobierno Central en el 2022, y está al alcance con solo poner orden en el manejo de la liquidez del Estado. Consiste en depositar los fondos presupuestados para cada institución en una cuenta del Banco Central, que haría funciones de cajero general del Estado. La Tesorería Nacional administraría la plataforma y el dinero estaría a la orden de las instituciones para enfrentar los gastos según surjan.
En la actualidad, las entidades públicas guardan el dinero en cuentas de los bancos comerciales de su preferencia. Los fondos permanecen ociosos o se invierten en bonos del Estado, que paga intereses sobre sumas millonarias salidas de sus propias arcas. El sinsentido se magnifica porque el gobierno financia un 47 % del presupuesto con deuda, es decir, el dinero girado a las instituciones es, en buena proporción, recaudado mediante la colocación de bonos.
En síntesis, la Tesorería Nacional gestiona deuda para financiar a instituciones que no tienen necesidad inmediata de los fondos y los invierten en nuevos títulos de deuda. Al costo en intereses se suman las comisiones cobradas por los bancos comerciales y otros más. Según cálculos de la Contraloría, la cuenta única del Tesoro en el Banco Central ahorraría ¢189.000 millones en intereses, ¢151.400 millones en costos operativos y ¢37.850 millones en comisiones bancarias.
Además, se sabría cuánto dinero tiene cada entidad y mejoraría la trazabilidad del uso de los recursos. Aunque los fondos ociosos siempre estarían a disposición de las instituciones, podrían utilizarse para cubrir necesidades inmediatas de Hacienda. En consecuencia, la gestión eficiente de la liquidez mejoraría la calidad de las decisiones de endeudamiento.
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No extraña, entonces, la firma de diputados de las bancadas de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, Integración Nacional y Republicano Social Cristiano, así como de Nueva República y el independiente Erick Rodríguez.
Menos evidentes son las razones del Partido Acción Ciudadana para negar su respaldo al proyecto y, más bien, complicar el trámite por medio de la ampliación de la lista de instituciones por consultar. Existe, claro está, el interés de muchas entidades de recibir todos los fondos asignados para luego manejarlos según su criterio y acrecentarlos con intereses pagados, tarde o temprano, por los contribuyentes. El sistema de cuentas del sector público solo excluiría a las empresas en competencia, los fondos de pensiones y la seguridad social, cuya participación sería voluntaria.
La contracorriente se anuncia en el conflicto del 2020 entre el gobierno y las universidades públicas por el depósito de su dinero en la caja única del Estado, en lugar del acostumbrado giro a las cuentas bancarias de cada institución. Los rectores protestaron de inmediato y anunciaron demandas para defender el ingreso de los fondos a cuentas donde como mínimo una parte suele transformarse en capital de inversión en bonos de la deuda pública.
No obstante la previsible oposición, el proyecto merecería apoyo aunque rindiera la mitad de los ahorros calculados. Cada céntimo sale del bolsillo de los costarricenses y de las privaciones de los más necesitados cuando las autoridades se ven obligadas a recortar programas asistenciales. La Asamblea Legislativa debe darle trámite expedito. No hay tiempo que perder para la recuperación del equilibrio de las finanzas públicas.