Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, tuvo el gesto elegante y de alto valor cívico de reconocer que la recuperación fiscal es un logro heredado del gobierno de Carlos Alvarado y de los diputados del periodo 2018-2022. La afirmación no solo hizo justicia sino, también, recordó al país el profundo valor de reconocer las virtudes del contrario en las lides electorales.
Carlos Alvarado Quesada, un presidente del Partido Acción ciudadana (PAC), se elevó por encima de dogmas y cultivó con la oposición un complejo acuerdo, políticamente difícil para él y para su agrupación, pero necesario para el país. Hubo meses de tensión, huelga y disturbios, pero persistió hasta conseguir el objetivo de impedir una tragedia.
Es difícil obtener reconocimiento por evitar lo que pudo haber ocurrido y a fin de cuentas no sucedió. La amenaza no materializada se transforma, sobre todo, con el paso del tiempo, prácticamente en una abstracción y solo se experimenta el duro efecto de las medidas adoptadas para evitarla. Por eso el reconocimiento de Arias, incorporado en su respuesta al informe de labores del presidente Rodrigo Chaves, merece ser destacado.
No obstante, más allá de la elegancia del gesto y la justicia del reconocimiento, la mención de la obra de Alvarado y del Congreso de su periodo presidencial debe llamar a reflexionar sobre la necesidad de preservar los avances conseguidos con tanto sacrificio. Solo en el campo de la educación es incuestionable el daño causado por las huelgas del 2018 y las perturbaciones del año siguiente, verdadero inicio del apagón educativo cuya mayor gravedad se manifestaría durante los años de la pandemia. Las consecuencias de la confrontación también se hicieron sentir en el ámbito de la economía y no hubo forma de evitar un grado lamentable de desgarramiento social.
Pagado ese costo e invertido el capital político de quienes se vieron forzados a actuar desde los poderes ejecutivo y legislativo, sería imperdonable abandonar la disciplina y volver al borde del abismo sin saber siquiera si el país estaría dispuesto a volver a pasar por el mismo sendero de sacrificios.
Quizá la regla fiscal requiera de ajustes y sea razonable excluir a alguna institución merecedora de ese trato. Tal vez la exclusión produzca los beneficios necesarios para justificarla, pero no hay duda del peligro de romper con la regla al grado pretendido por el proyecto que procura excluir el pago de intereses y el gasto de capital. Por fortuna, la idea no fue bien recibida en el Congreso, pero está planteada y revela la intención de abandonar la disciplina mantenida hasta ahora.
Hay una contradicción insalvable entre el desmantelamiento de la regla fiscal y la celebración de los logros de la hacienda pública el año pasado, como la reducción de la deuda en relación con el producto interno bruto (PIB), el cierre del 2022 con un superávit primario equivalente al 2,3% del PIB y, por ende, la mejora en las calificaciones de riesgo. La advertencia la ha formulado el Fondo Monetario Internacional y el peligro de retroceder es obvio.
El propio presidente legislativo, cuando hizo el reconocimiento a Alvarado y los legisladores del periodo anterior, moderó todo optimismo al afirmar que el esfuerzo a favor del saneamiento fiscal consiguió que, “desde el punto de vista de las cuentas nacionales, parece asomarse una luz al final del túnel”. El país no ha salido del túnel y la luz al final debe recordarnos la oscuridad a nuestras espaldas, así como el dolor de un impensable retroceso.