Como una aliada en la lucha contra la corrupción, recientemente entró en vigor la Ley 10437, titulada Protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales. Su objetivo está claro: incentivar a quienes cuentan con información relevante a destapar hechos de corrupción relacionados con la función pública y protegerlos de ser injustamente afectados en su trabajo.
Denunciar no solo constituye un deber cívico, sino también un acto de auténtica valentía, sobre todo cuando se sabe que los corruptos y sus cómplices harán lo posible para evitar la investigación de sus fechorías y para mantenerlas ocultas. La denuncia suele marcar el comienzo del camino hacia la transparencia, rompiendo pactos de silencio y desafiando la impunidad. Por eso, los denunciantes deben contar con un entorno seguro para facilitar su decisiva intervención en la lucha contra la corrupción.
Consciente de los obstáculos enfrentados por quienes deciden alzar la voz, la ley incorporó un nuevo marco de protección laboral. Ese escudo procura impedir que los denunciantes sean silenciados mediante amenazas o represalias laborales, asegurando la conservación de su empleo, protegiéndolos de sanciones injustas, evitando daños a su reputación mediante la divulgación de información falsa e impidiendo el deterioro de sus condiciones de trabajo.
La nueva ley también prohíbe otras maniobras dirigidas a obstruir la revelación de actos de corrupción, como la incorporación de cláusulas contractuales que impidan la denuncia, disposiciones administrativas restrictivas o acciones directas e indirectas para impedir o entorpecer las investigaciones.
La creación de un fuero especial laboral conlleva la responsabilidad de garantizar que los procesos de investigación, tanto en la esfera administrativa como en la judicial, se lleven a cabo de manera pronta y cumplida. Sin perjudicar el legítimo derecho de defensa de los implicados, es indispensable evitar demoras innecesarias capaces de prolongar indefinidamente la obtención de resultados. Por más protecciones incorporadas a la ley, la denuncia por sí sola no es suficiente si no va acompañada de un proceso de investigación y sanción justo y eficaz.
La corrupción en la función pública representa una seria amenaza para los pilares de una sociedad democrática. Cuando quienes ocupan cargos públicos utilizan su autoridad para enriquecerse de manera ilícita o para favorecer intereses particulares en detrimento del bien común, se socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones, se daña gravemente la convivencia pacífica y se erosiona el Estado de derecho.
Es esencial exponer e investigar las prácticas corruptas, ya sea mediante los canales internos de denuncia en las instituciones o por denuncias públicas. En esa labor de colaboración ciudadana con el buen funcionamiento de las instituciones, los medios de comunicación independientes, comprometidos con la verdad y la ética, también desempeñan un papel crucial. Dan voz a los denunciantes que se atreven a desafiar el statu quo y focalizan los esfuerzos en hechos irregulares que exigen examen legal, en favor del interés general.
Los denunciantes son una fuente indispensable para los periodistas de investigación y el hecho de que cuenten con herramientas legales para defenderse de represalias y hacer valer sus derechos es un paso en la dirección correcta. Proteger a los denunciantes es proteger los cimientos de una democracia robusta y saludable, en la que prevalecen la transparencia y la rendición de cuentas.