La presidenta ejecutiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y su gerente de desarrollo admiten la inexistencia de documentos para respaldar la pertinencia de los primeros proyectos por ejecutar con el canon pagado por APM Terminals. La falta de documentación en los expedientes es un «área de mejora», dicen, pero los proyectos fueron revisados con toda rigurosidad.
Hay razones para cuestionar si una falta tan elemental debería ser una oportunidad de mejora después de la aprobación de 13 proyectos, pero no solo se trata de revisar las propuestas con rigor, sino de acreditar su valor y lugar en la lista de prioridades de una región tan necesitada.
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Cuatro de las inversiones pagarán consultorías para dos planes reguladores y dos proyectos de renovación urbana. Las otras nueve obras incluyen embellecimiento de parques en cuatro cantones, labores de paisajismo, una estación de ferrocarril en Siquirres y la rehabilitación de 40 kilómetros de vías en Matina. También hay planes para mejorar el aeropuerto de Limón y levantar un mercado en Sixaola, Talamanca, cuyo impacto sobre la economía local no está bien acreditado.
Cualquiera de esas obras podría ser prioritaria en determinadas circunstancias. El paisajismo, para tomar el ejemplo menos obvio, podría ser esencial en el marco de un esfuerzo para atraer turismo; sin embargo, lo esencial es dejarlo demostrado más allá de toda duda y sopesar el gasto contra otras iniciativas de importancia.
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Si las inversiones no se deciden con esos criterios, los recursos proveídos por el canon terminarán dispersos entre obras de escaso impacto, inútiles para lograr el desarrollo económico de la región y abrir oportunidades a sus habitantes. Ese es, a fin de cuentas, el objetivo general de la gestión de los recursos provenientes de la operación portuaria.
La competencia por los fondos entre municipalidades e instituciones de la zona podría convertirse en un pulso político donde la ventaja no siempre sea de la mejor iniciativa. La oportunidad para la región atlántica es demasiado grande para sacrificarla en nombre de la satisfacción de limitados intereses localistas.
A mayo del 2021, Japdeva había recibido de APM Terminals $34 millones (¢21.200 millones) y los 13 proyectos aprobados en diciembre costarán ¢12.000 millones. Es más de la mitad del total recibido. Aparte de la jerarquización de las iniciativas por su impacto sobre el desarrollo, es indispensable valorar su urgencia.
En el 2019, la Contraloría General de la República hizo énfasis, precisamente, en ese aspecto del manejo del canon. «Se determinaron debilidades en la identificación de actividades y zonas prioritarias a las que se dirigen los recursos para desarrollo que ejecuta Japdeva, dada la inexistencia de criterios de priorización, así como también a la ausencia de metas e indicadores que permitan asegurar el impacto que genera cada programa», dice el informe.
Los recursos permanecen ociosos en las arcas de Japdeva y, a finales del 2020, la Contraloría se vio obligada a impedir el uso de un 30 % del fondo para gastos operativos. Tampoco han faltado proyectos disparatados, de grandes dimensiones y ambiciones, capaces de vaciar las reservas. Esas razones, y las necesidades de siempre, militan a favor de agilizar las inversiones. Por eso, parece un contrasentido llamar a una pausa para revisar lo actuado, pero la espera es mejor que el desperdicio.