La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) convocó a los partidos políticos aspirantes a la presidencia en las elecciones de octubre para firmar un pacto ético contra las falsas noticias cuya difusión ha distorsionado procesos electorales en todo el mundo, incluidos el brexit, los comicios estadounidenses del 2016 y las votaciones en varios países europeos.
Es imposible frenar las fake news, pero los uruguayos pretenden, cuando menos, evitar la colaboración de los partidos políticos en la elaboración y difusión de informaciones infundadas. Es un paso crucial porque esas agrupaciones son origen de buena parte de la manipulación informática.
En Costa Rica, ya hay prueba del fenómeno. En época electoral, las redes sociales comienzan a vibrar con datos y acusaciones inventados, algunos sin visos de verosimilitud, pero siempre aptos para sorprender a incautos. La experiencia revela, además, que estos últimos no son escasos.
“Los partidos políticos uruguayos, abajo firmantes, se comprometen a no generar ni promover noticias falsas o campañas de desinformación en perjuicio de adversarios políticos”, dice el pacto uruguayo. Además, los signatarios se comprometen a promover entre sus afiliados y militantes las buenas prácticas de convivencia en las redes sociales.
Las posibilidades de cumplimiento fiel son pocas. Es bueno reconocerlo de entrada para no arriesgar una decepción. De hecho, apenas firmado el pacto, Ernesto Talvi, del Partido Colorado, denunció la difusión por WhatsApp de un audio falso en el cual se ofrecía dinero por asistir a un acto en la sede de la agrupación. También, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, señaló un esfuerzo de desinformación para hacer creer que una biografía autorizada contiene su admisión del abuso de drogas y el atropello y muerte de una mujer.
No obstante, la existencia del compromiso podría inhibir excesos y establece un punto de referencia a partir del cual el electorado puede juzgar las patrañas descubiertas en el curso de la contienda electoral. Por eso es fundamental señalar, en pactos como este, a un responsable de alto nivel en las campañas políticas para hacerlo garante del cumplimiento.
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Vista la magnitud del problema, ningún esfuerzo puede ser descartado de entrada y sobre ninguno debe pesar la irreal expectativa de éxito total. Los partidos políticos saben de la incompatibilidad entre la ética y las campañas de desinformación. Para eso no es necesario firmar un pacto. No obstante, acuerdos como el promovido por la Asociación de la Prensa Uruguaya acentúan el compromiso ético y promueven la discusión del fenómeno, peligroso para todas las democracias del planeta.
Individualmente, los medios de comunicación nacionales debemos esforzarnos por denunciar la falsificación de noticias. En La Nación procuramos contribuir mediante el programa #NoComaCuento, pero una asociación con representación de la prensa en su conjunto haría bien en promover una iniciativa similar. El Colegio de Periodistas podría hacerlo, por ejemplo, si lo considerara pertinente. Semejante esfuerzo merecería el apoyo de toda la comunidad periodística. El uruguayo es un buen ejemplo, no importa si su éxito está lejos de ser garantizado. No importa, tampoco, si se confirman, a lo largo del proceso electoral, las limitaciones del compromiso, evidentes a primera vista.
Fabián Cardozo, presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, es el primero en admitir la insuficiencia del acuerdo para frenar la desinformación electoral, pero, afirma, “hoy todos los candidatos y medios de comunicación hablan del tema, se debate en las redes sociales y hemos logrado instalar la desinformación como un punto fundamental de debate en la sociedad”. Ese resultado preliminar bien vale la pena.