Más de una década no ha sido suficiente para dotar a los centros educativos del servicio de internet de banda ancha requerido por la enseñanza moderna. El último intento, la Red Educativa del Bicentenario, prometida en el 2018 para operar a finales del 2022, quedó fuera del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT).
El Ministerio de Educación Pública (MEP) pidió la exclusión porque confiaba en ejecutar el plan mediante una alianza con la Fundación Omar Dengo, pero la Contraloría General de la República lo impidió por razones legales y técnicas derivadas del traslado de competencias esenciales del Estado a una entidad privada. Sin la alianza con la fundación, el MEP no puede instalar la red a corto plazo.
En consecuencia, más de la mitad de las escuelas y los colegios trabajará, como hasta ahora, con velocidades menores de 10 Mbps. La Red Educativa del Bicentenario estaba pensada para ofrecer velocidades de entre 15 y 100 Mbps a 4.514 instituciones. De ellas, 2.139 serían atendidas por el programa del MEP y otras 2.375 por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
De la división de responsabilidades no se puede concluir que 2.375 afortunados centros educativos pronto disfrutarán de mejores conexiones a internet. Si la parte correspondiente al MEP quedó paralizada, la de la Sutel apenas avanza. A diciembre del 2021, solo había conectado 52 escuelas (un 1,1% del total a su cargo).
En síntesis, pasada más de una década, el programa de conexión de los centros educativos a una red suficiente para servir de apoyo al aprendizaje no ha comenzado. Queda como reto para el próximo gobierno, y si la preocupación por las consecuencias educativas de huelgas y pandemias es sincera, debería figurar en un lugar prominente entre las prioridades.
Mientras dilucidamos si le toca a la Sutel o al MEP, en alianza con instituciones privadas o sin recurrir a ellas, generaciones de estudiantes se gradúan en pleno siglo XXI sin los beneficios de la tecnología moderna. La pérdida no puede ser recuperada. En más de una década, decenas de miles de estudiantes cursaron primaria y secundaria completas. Otros avanzaron significativamente y están más o menos próximos a la graduación.
Las autoridades encargadas de los programas de conectividad podrían sentarse a la salida de un colegio para ver pasar el tiempo perdido. Es una enorme injusticia. La falta de acceso a la internet, desde luego, no se sufre igual en la educación privada, con lo cual ensanchamos la brecha digital y negamos a generaciones de alumnos del sistema público la oportunidad de desarrollar habilidades indispensables para la formación superior y técnica, o el ingreso al mercado laboral. El fracaso de los planes de conectividad es, también, una contribución al aumento de la desigualdad.
Al mismo tiempo, nuestra dilación limita el desarrollo del país. La falta de familiaridad con las nuevas tecnologías reduce el número y calidad de personas formadas para hacer frente a las exigencias de la nueva economía, fundada en la aplicación de instrumentos digitales a las disciplinas conocidas como STEM, por las siglas inglesas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.
Por supuesto, la conectividad también enriquece la educación en todas las demás áreas. Nuestro país, con su sistema educativo todavía alejado de la excelencia, no está en condiciones de desperdiciar oportunidades. La red es prioritaria porque, a partir de su existencia, podremos apoyar el desarrollo de competencias digitales entre los docentes y mejorar el acceso a los dispositivos necesarios. El camino es largo y no debieron pasar tantos años sin dar el primer paso.