Sin tener evidencia de corrupción, según dijo, el presidente Rodrigo Chaves destituyó al ministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador y a Fernando Naranjo, director de Aviación Civil. Los despidos se justifican, afirmó el mandatario, por la responsabilidad política inherente a la función pública y porque la firma de los términos de referencia para la contratación de reparaciones en el aeropuerto de Liberia se hizo sin asegurar la protección del interés público.
En consecuencia, agregó el mandatario, los costarricenses perdimos ¢1.000 millones, merced a un contrato hecho a la medida de la Constructora Meco, cuya cotización superó en esa suma a la del más cercano competidor, que no pudo ser contratado por la definición del requisito de experiencia incorporado a los términos de referencia.
Un análisis más minucioso del caso revela la existencia de otras posibles responsabilidades políticas no establecidas por el mandatario, que más bien exoneró, de entrada, a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), donde participan varios de sus ministros o sus representantes. Según el presidente, allí no hay responsables porque la CNE se limita a ejecutar con base en los términos de referencia enviados, en este caso, por Amador y Naranjo.
Pero el reglamento de la CNE dice lo contrario. La entidad debe corroborar el cumplimiento de la ley y, en este caso, su quebranto parece claro. Los cargos lanzados por el mandatario contra los destituidos son apenas una parte de las posibles irregularidades. La causa mayor del descalabro es la tramitación de las reparaciones en la pista del aeropuerto como si se tratara de una emergencia creada por la tormenta Bonnie, cuando en realidad no lo era.
Eso permitió hacer la contratación por ¢21.890 millones sin seguir los requisitos y controles de la legislación ordinaria. Es decir, si Amador y Naranjo cometieron una falta, lo hicieron siguiendo el camino despejado por decisiones, o cuando menos omisiones, de la CNE y otros actores.
El decreto ejecutivo emitido el 21 junio del 2023 para incluir el aeropuerto en la emergencia se basó en un acuerdo de la Junta Directiva de la CNE tomado el día anterior, el 20 de junio del 2023, para recomendar la ampliación del decreto original, fechado el 12 de julio del 2022, con el objeto de incorporar la pista de aterrizaje al plan de emergencia.
En todo caso, el 7 de agosto del 2023 el expediente de la CNE se enriqueció con un informe de siete técnicos de Aviación Civil que señalaron a Naranjo la improcedencia de incluir la reparación del aeropuerto en el decreto emitido para enfrentar las consecuencias de Bonnie, según la información publicada por este diario. Esos funcionarios sí cumplieron su obligación de revisar la legalidad de la solución propuesta, pero fueron ignorados por sus superiores.
Las razones del criterio negativo son, por lo demás, irrefutables. No hay relación alguna entre Bonnie y los daños en la pista. La tormenta causó estragos al norte de Liberia, no en el aeropuerto. Los daños en la pista se han venido presentado desde hace años, como lo ha informado este medio y consta en actas del Consejo de Aviación Civil muy anteriores a Bonnie. Pero la razón más extraordinaria es la emisión del decreto para incorporar las obras del aeropuerto a la emergencia un año después de la tormenta, aunque en todo ese tiempo Liberia no había sido incluida entre las zonas damnificadas.
Según el artículo 38 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, las instituciones públicas tienen un plazo máximo de dos meses para entregar su informe de daños y una estimación de costos del desastre. Para mayor claridad, en 1992, la Sala Constitucional ratificó, en el voto 3410-92, la necesidad de constatar un “inequívoco” nexo de causalidad entre los daños y la emergencia antes de acudir al régimen de compras por excepción.
El informe de los siete funcionarios se produjo dos meses antes de la solicitud de ofertas en el sistema de compras públicas y varios meses antes de la adjudicación del contrato, pero la CNE siguió adelante como si los técnicos no hubieran advertido de la ilegalidad o sus jerarcas y directores desconocieran el marco jurídico de la institución a su cargo. En cualquier caso, la responsabilidad política sería innegable, tanto como la desprotección del interés público.
El decreto de inclusión del aeropuerto en la emergencia de Bonnie también invita a preguntar por otras responsabilidades políticas y de salvaguarda del interés público. Lo firman el presidente Rodrigo Chaves y su ministra de la Presidencia, Natalia Díaz. Valga recordar lo dicho por el mandatario al anunciar la destitución de Amador y Naranjo: “Pareciera que el interés público no fue el suficiente como para que ellos, cuando pusieron sus firmas, estuvieran seguros”.