“Algunos complementos salariales utilizados para compensar el bajo nivel de los salarios de entrada provocan un acelerado ritmo de crecimiento de dichos salarios, lo cual ha generado diferencias de cerca del 400% entre dos trabajadores de la misma categoría. Esto da lugar a una desigualdad desproporcionada y contraproducente entre las personas (tanto académicas como administrativas), crea incentivos para que se postergue el retiro y genera un crecimiento inercial de los costos salariales que no es sostenible a largo plazo”.
La cita no es de un editorial de La Nación. Podría serlo, pero la buena noticia es que proviene del Diagnóstico del régimen salarial de la UCR, publicado en noviembre y elaborado por una comisión técnica coordinada por el profesor Pedro Méndez, de la Escuela de Matemáticas, por encargo del rector, Gustavo Gutiérrez.
Los desequilibrios, dice el informe, son producto del sistema de pluses que “tiene una serie de consecuencias negativas sobre la estructura y la evolución de las remuneraciones universitarias, sobre los costos salariales de la institución y sobre la gestión del recurso humano”.
Es imposible objetar esa conclusión, aunque está por verse si nos conduce a las mismas soluciones. No obstante, es de celebrar el ánimo de encarar la realidad luego de tantos años de evadirla, como si los excesos pudieran mantenerse de forma indefinida y no hubiera límite al financiamiento que las casas de estudios superiores pueden exigir a la sociedad.
Los límites financieros ya parecen cercanos y las injusticias del sistema no solo se hacen aparentes en la comparación con el sector privado y la mayor parte del público, sino también en el interior de la universidad. El mismo trabajo puede ser remunerado con ¢2,1 millones o con ¢9,9 millones, dependiendo de las anualidades. Frente a docentes y administrativos prácticamente inamovibles, hay una gran cantidad de profesores interinos, muchos con remuneraciones inferiores a las de puestos administrativos de rango relativamente bajo.
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Los estudiantes también dejaron de creer en el sistema y no es fácil movilizarlos en defensa de privilegios, como antaño. Les preocupan los programas de becas, la infraestructura y, en general, la sostenibilidad de sus centros de estudio. El informe hace bien cuando recalca que el crecimiento inercial de los costos salariales no es sostenible a largo plazo.
Tal vez esté siendo optimista en la previsión temporal. Entre el 2008 y el 2019, señala el estudio, las anualidades aumentaron de forma constante su peso en el presupuesto para remuneraciones. Pasaron del 27,95% en el 2007 al 36,08% en el 2019, cuando exigieron la erogación de ¢64.000 millones. Y el crecimiento responde, únicamente, al paso del tiempo. Ni el desempeño, ni los méritos académicos, ni ningún otro parámetro contribuyen a fijar los aumentos. Crecen por inercia.
Aparte del efecto financiero, la comisión coincide con señalamientos de nuestros editoriales sobre el perverso incentivo para postergar la jubilación, que cierra el acceso a nuevas generaciones de profesores. También, critica otros pluses, como la dedicación exclusiva y el sistema de régimen académico porque premia “desproporcionadamente” la obtención de títulos, las publicaciones y la obra profesional, pero “da un peso casi nulo a las labores de docencia y de acción social”. Esto promueve, “por razones puramente pecuniarias”, la acumulación de títulos —atinentes o no— “y la proliferación de publicaciones en revistas poco selectivas, sin que medie un análisis del impacto de estos mecanismos en el logro de los objetivos institucionales”.
Son desviaciones bien conocidas desde hace décadas, pero las universidades se han empeñado en disimularlas, con más o menos brío según el momento y los encargados de su administración. Por eso, el franco reconocimiento del informe es una corriente de aire fresco y ofrece la posibilidad, si no de un acuerdo, cuando menos de una conversación constructiva.