El 2022 fue el año con más homicidios en la historia costarricense hasta ahora. Hubo 656, es decir, 68 más que en el 2021. La marca rota el año pasado pertenecía al 2017, con 603 homicidios. La tasa de 12,6 por cada 100.000 habitantes también supera el 11,4 del 2021 para no dejar duda de la violenta cumbre alcanzada el año pasado.
La noticia merece cada titular publicado por la prensa y cada expresión de preocupación de los ciudadanos, pero no debe eclipsar una segunda tragedia nacional del 2022: las muertes en carretera. Hubo 488, un aumento espeluznante de 119 en relación con el 2021. El 50 % eran personas jóvenes, entre los 21 y 40 años.
El levantamiento de las restricciones a la circulación para afrontar la pandemia de covid-19 explica el abrupto incremento, pero el rápido retorno a las estadísticas previas a la emergencia sanitaria demuestra la incapacidad de avanzar en un ámbito reconocido como crítico desde hace mucho tiempo.
El fin de las restricciones impuestas por la pandemia aumentó el tránsito de vehículos, pero también permitió la reapertura de bares y otros centros de entretenimiento donde se sirve licor. En síntesis, volvimos a la trágica normalidad que debió ser erradicada por la ley de tránsito aprobada luego de años de tramitación y enmiendas.
No obstante, las fuertes sanciones previstas son prácticamente letra muerta y el motivo es evidente. La ley es rigurosa, pero no se aplica, y la impunidad, aliada de la falta de educación vial, alienta el caos en las carreteras. Por eso, el único medio para frenar la masacre es encerrarnos, como lo demostró la pandemia.
Con todo y restricciones, en el 2021 la policía trasladó a 2.500 conductores embriagados al Ministerio Público, un promedio de siete al día, pero todos se beneficiaron de la suspensión del proceso a prueba, concedida a cambio de una donación a organizaciones de bien social o de la prestación de 180 horas de trabajo voluntario. También hubo 367 multas por manejar con niveles de alcohol prohibidos, pero insuficientes para encuadrar en el delito de conducción temeraria previsto por el artículo 261 bis del Código Penal.
La impunidad de la conducción en estado de ebriedad es mucho mayor si se toman en cuenta los casos no detectados. La Policía de Tránsito es la primera en admitir que las detenciones y multas dejan por fuera un considerable número de infracciones. Lo admiten sin tapujos, porque desde hace años denuncian el déficit de oficiales.
La protesta es apenas necesaria porque ningún costarricense ignora la falta de vigilancia del tránsito. Hay 700 oficiales distribuidos en 32 delegaciones en el país. Como todo trabajador, gozan de vacaciones, se incapacitan o asisten a sesiones de entrenamiento. Los agentes disponibles laboran en tres turnos —todo el día y toda la noche—, los siete días de la semana. Cada turno, como resulta evidente, se cumple con un puñado de oficiales. Una colisión, no importa su insignificancia, los obliga a desplazarse hasta el sitio e invertir el tiempo requerido para levantar la información del caso. Mientras tanto, no vigilan.
Es muy difícil la detención de conductores ebrios y, si la fatalidad se presenta, no hay por qué temer a las sanciones más drásticas. Así se explica la frecuente infracción de las normas contra la ebriedad al volante y, en general, el incumplimiento de las demás disposiciones de tránsito.
Urge dotar a la policía especializada del personal necesario para aumentar la seguridad en las carreteras. Las 488 vidas perdidas el año pasado acreditan la bondad de la inversión. También es necesario retomar las iniciativas planteadas para complementar la vigilancia a cargo de ese cuerpo policial. Años han pasado desde el último intento de adquirir un sistema de cámaras para la vigilancia electrónica y las iniciativas para incorporar a las policías municipales al control del tránsito perdieron impulso.