La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) es también su defensora y así constituye una salvaguarda de los intereses del consumidor, además de un elemento necesario para proteger la eficiencia de la economía. De esta manera lo entendió la Asamblea Legislativa en el 2019, cuando promulgó la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, cuyo texto aumenta las facultades de la entidad y agrava las consecuencias de infringir la normativa a su cargo.
No obstante, las nuevas facultades, incluida la de ejecutar allanamientos e investigar prácticas anticompetitivas con potestades ampliadas, son letra muerta mientras la Coprocom carezca de los recursos para aplicarlas. La ley previó el financiamiento, pero a la Comisión no le llega. El presupuesto fijado por la norma es de como mínimo 5.309,05 salarios base, equivalentes a ¢2.453,8 millones en este momento, pero la Comisión apenas recibe un 29 %, según su presidenta, Isaura Guillén.
La asignación de entre ¢600 millones y ¢730 millones se destina en un 95 % a gastos fijos y la entidad cuenta con solo 17 funcionarios para cumplir con sus tareas en todas las áreas, aparte de los tres comisionados nombrados de planta, y no como en el pasado, cuando sesionaban una vez a la semana y cobraban solo dietas. La Comisión debe vigilar la competencia en todos los rubros, salvo las telecomunicaciones, cuya regulación corresponde a una entidad específica.
La escasez de recursos llama la atención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo convenio de adhesión incluye el compromiso nacional de promover y tutelar la competencia. “En el 2022, la autoridad nacional de la competencia (Coprocom) recibió menos de un tercio del presupuesto otorgado por ley. Esto obstaculiza gravemente la capacidad de la autoridad para cumplir sus funciones, ya que sigue sin contar con suficiente personal y no puede comprar equipos”, dice el informe de la OCDE sobre Costa Rica.
El documento también señala la debilidad de la competencia en muchas áreas de la economía, con la consecuencia de mayores precios para los consumidores y empresas. El mismo efecto se produce sobre las compras del Gobierno y las instituciones estatales sin excepción. El financiamiento de la autoridad de la competencia es, en todo país, una condición indispensable para garantizar su independencia. Como en otras entidades reguladoras, el peligro de captura por los intereses supervisados se combate con la garantía de ingresos suficientes y estables.
La Coprocom está adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), pero su presupuesto debe ser gestionado con el de Hacienda, donde la negativa a incrementar los recursos viene respaldada por las limitaciones de la regla fiscal y la falta de dinero en las arcas del Gobierno. No obstante, las pérdidas causadas por la distorsión de la libre competencia aconsejan considerar cuidadosamente la necesidad de la inversión.
Además, la finalidad de la Comisión encaja perfectamente en el discurso de la actual administración sobre la lucha contra prácticas monopólicas. En ninguna parte deben ser toleradas, y una entidad especializada en supervisar las condiciones competitivas del mercado constituye un sistema de alerta y eliminación de las distorsiones. El nuestro es un mercado pequeño y, como tal, está expuesto a la manipulación, la colusión de intereses y otras prácticas anticompetitivas, es decir, contrarias al bienestar de los consumidores y la prosperidad de las empresas necesitadas de insumos para la producción.