Las gallinas ofrecen a diario la evidencia del fracaso del Consejo Nacional de Producción (CNP) en todos los frentes. Las instituciones obligadas a comprar huevos a la entidad no están contentas porque pagan ¢1.950 cuando el kilo cuesta ¢700 en los supermercados.
Los productores agrupados en la Cámara Nacional de Avicultores (Canavi) tampoco están contentos, porque el CNP paga un «sobreprecio elevadísimo» y sospechan la participación de intermediarios. Según Canavi, el precio del CNP «no guarda ninguna relación lógica financiera» con los costos de producción actuales del sector formal.
Las instituciones del Estado están obligadas a comprar los productos del CNP, que fija el precio a los proveedores —únicos contentos con el sistema, aparte de los funcionarios— y aplica un porcentaje adicional para financiar «gastos de operación».
Quince huevos (menos de un kilo) cuestan ¢1.741 al CNP. El precio final sube a ¢1.950 al aplicar el 12 % de «margen de comercialización». Ese margen varía entre un 6 y un 12 % según el artículo (verduras, frutas, carnes o abarrotes).
El sistema de fijación de precios utilizado por el CNP es «especial», dijeron sus administradores hace un par de años, cuando la Contraloría General de la República comparó los precios de la institución con los ofrecidos por el comercio.
La «especialidad» consiste en estudios de mercado hechos «con alguna regularidad» por la propia institución. El estudio de la Contraloría encontró excesos de precio en un 60 % de los productos distribuidos por el CNP cuando los comparó con el comercio.
El sobreprecio lo pagan los contribuyentes y sale del presupuesto asignado, entre otros, a los centros educativos. Los estudiantes de bajos recursos consumen los productos en los comedores escolares y, durante la pandemia, se les entregaron paquetes de alimentos en el hogar.
Así, el CNP, lejos de contribuir al combate de la pobreza, le resta recursos. Otro presupuesto afectado es el de Seguridad Pública, porque la Policía también está obligada a comprar alimentos a la institución.
Si solo se tratara de desperdicio de recursos en instituciones vitales de un país sumido en crisis fiscal, sobrarían los motivos de alarma, pero sobre el CNP han llovido denuncias por la baja calidad de los productos entregados a sus cautivos «clientes». La Nación ha publicado las quejas una y otra vez.
Frutas y verduras podridas, queso con mosquitos, pollo con moho, carne no apta para consumo y hortalizas llenas de babosas están entre los hallazgos de las cocineras de los CEN-Cinái y de la Fuerza Pública, según uno de los reportajes publicados hace cuatro años.
En ese momento, 14 Comités de los CEN-Cinái de Desamparados y Curridabat enviaron una carta al ministro de Salud para pedirle interceder, porque la situación era «insostenible».
Las sumas involucradas son enormes. En el 2020, solo el Ministerio de Educación Pública pagó ¢77.175 millones por frutas, verduras y abarrotes comprados por el CNP a 311 proveedores. Pese a la enormidad de la inversión, las solicitudes de 27.254 alumnos no pudieron ser atendidas por falta de presupuesto. Basta con comparar el número de proveedores con las necesidades para entender la injusticia.
El CNP es un eterno candidato al cierre. Su nombre sale a relucir en toda discusión sobre la reforma del Estado y clausura de instituciones superfluas, pero hay fuertes intereses empeñados en preservarlo, con la demagogia como arma. Es hora de ponerle el cascabel al gato por razones de elemental justicia.