Este jueves, a 11 días de la celebración de las elecciones, diputados de varios partidos se unieron para condenar el asalto perpetrado por un grupo antivacunas al hospital San Vicente de Paúl, en Heredia. La firme defensa de la institucionalidad incluyó la denuncia del papel de dos legisladores en el bárbaro episodio.
Shirley Díaz, elegida por la Unidad Socialcristiana y ahora independiente, atrajo la mayor parte de la crítica por su presencia al lado de la turba. La legisladora negó haber participado en los actos de violencia y dijo haberse presentado por invitación de los padres de un niño internado en el hospital, pero las imágenes captadas en el sitio son elocuentes.
Su colega independiente Erick Rodríguez Steller, elegido por el Partido Integración Nacional (PIN), no escapó de los señalamientos por la proyección de un brevísimo video donde se aprecia la caída de una de las cabecillas del grupo, empujada por oficiales de la Fuerza Pública. La filmación no incluyó las agresiones de la turba contra miembros de la seguridad pública y privada.
El video, como distractor, es una vergüenza. No hay duda acerca de quiénes intentaron imponer su presencia, por la fuerza, en espacios del hospital reservados para operaciones cotidianas. Los videos, y no solo el segundo de filmación mostrado por Rodríguez, dan cuenta cabal de lo sucedido desde el forcejeo inicial de la horda para ingresar al edificio. Mientras empujaban a los oficiales, los manifestantes los insultaban llamándolos “perros sanitarios”.
La Fuerza Pública y la seguridad privada se comportaron con corrección y merecen el agradecimiento de todos. También debemos agradecer a los diputados que, en las postrimerías de la campaña electoral, hicieron a un lado las diferencias políticas para salir en defensa de las instituciones. Fue un momento de unidad en torno a los mejores valores de nuestra nacionalidad.
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Entre las legisladoras más valientes y decididas figuran la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, su compañera de la bancada liberacionista Yorleny León, las oficialistas Catalina Montero y Laura Guido, así como la independiente Zoila Volio. Entre ellas y sus partidos hay diferencias sobre las políticas puestas en práctica para combatir la pandemia, pero todas coincidieron en condenar la violencia.
Esa debe ser siempre la respuesta de Costa Rica. El radicalismo debe encontrar una frontera infranqueable cuando intente aprovechar las crisis políticas, la polarización de opiniones, las dificultades de la economía y las pasiones electorales para desbordar la institucionalidad democrática y la voluntad de vivir en paz.
La violencia del miércoles excedió las paredes del hospital. Marco Morales Albertazzi, uno de los dirigentes del grupo, advirtió a los magistrados de la Sala IV de la intención de visitarlos “casa por casa”. En las viviendas de los magistrados habitan también sus seres queridos y la amenaza de presentarse ante ellas, como sucedió en el hospital, atenta contra la administración de justicia.
“Entiendan, señores funcionarios, ¡sus salarios se lo pagamos nosotros, y ustedes nos rinden cuentas a nosotros! Es inaudito, pero mañana vamos a ir a la Sala IV. Si tenemos que salir a las calles, vamos a hacerlo. Aténganse al santo, señores, y mejor empiecen a rezarle...”, afirmó. ¿Qué deben pedir los funcionarios en esas plegarias? ¿Protección de la ira antivacunas?
Nadie en este país se dejará intimidar por la minoría vociferante de quienes niegan la ciencia y hasta la pandemia, pese a su altísimo costo en vidas y recursos. Las diputadas, con su indignación y firmeza, dieron este jueves un hermoso ejemplo. A todos nos corresponde seguirlo para preservar las virtudes que distinguen a Costa Rica entre las naciones.