La Policía apenas da abasto para frenar las fiestas clandestinas en todo el país. Ningún local debe operar, en ningún momento, sin las patentes y permisos necesarios para acreditar la seguridad, higiene, cumplimiento de obligaciones tributarias y respeto a la zonificación, pero el control nunca fue tan importante como ahora.
Las regulaciones impuestas por la pandemia de la covid-19 son un elemento crítico para la protección de la salud y la economía. Por eso estamos dispuestos a hacer el sacrificio de imponer al comercio formal, respetuoso de la ley, horas de cierre tempraneras, limitaciones de aforo, uso de mascarillas y otras regulaciones. No obstante, esas mismas normas, destinadas a evitar aglomeraciones y contagios, abonan el terreno para las fiestas clandestinas. Nadie más puede ofrecer música, baile y licor de sol a sol, sin preocupación por las medidas sanitarias. La voluntad de violar las medidas contra la covid-19 hace de la burla a la paz del vecindario una mera consecuencia de faltas más graves.
Así, en San Pedro, cerca del «mall», hay una casa, antes dedicada a la actividad formal y lícita de bar, con el nombre de «Beach Club», y ahora sede de fiestas clandestinas con cientos de asistentes. La entrada cuesta de ¢5.000 a ¢10.000 y el escándalo no cesa antes del amanecer, hasta tres días por semana. La convocatoria se hace abiertamente, por redes sociales.
La Policía se presentó en el local el viernes, pero la seguridad privada del evento no le permitió el ingreso a la vivienda. Entonces, intentaron tramitar una orden de allanamiento. Eso dio tiempo a desalojar el sitio. Las autoridades debieron conformarse con ejecutar acciones de control de tránsito, con el resultado de 57 boletas por violación de la restricción vehicular y remoción de tres pares de placas porque los conductores no tenían licencia para conducir.
Si hubiera sido la primera fiesta en el sitio, o la primera intervención policial, cabría lamentar la falta de coordinación que impidió el allanamiento y esperar mejor suerte la próxima vez. Pero la casa es sede de fiestas clandestinas desde mayo, según los vecinos, y ya fue allanada el 1.° de agosto, gracias a una orden emitida por el Juzgado Penal de Turno Extraordinario.
Es decir, la flagrante violación de la ley, en una céntrica calle capitalina, se da a vista y paciencia de las autoridades desde hace cinco meses y, continúa pese al allanamiento ejecutado hace seis semanas. A lo largo de la misma calle y en los alrededores, hay gran número de comercios formales cuyos propietarios corren graves riesgos si se pasan de la hora o cometen la menor violación del límite de aforo.
No se trata aquí de abogar por mayor laxitud en la aplicación de las normas sanitarias en el sector formal, pero sí por el fin de la burla representada por el negocio de las fiestas clandestinas, surgido precisamente para aprovechar las limitaciones impuestas al comercio lícito, comprometido con el bienestar general.
La desfachatez de los organizadores y la continuidad del negocio son elocuentes cuestionamientos de la aptitud de las autoridades. En el caso de Montes de Oca, vale preguntarse por la municipalidad. Los gobiernos locales proclamaron su deseo de contribuir a enfrentar la pandemia y con ese argumento pidieron mayor holgura en el manejo de recursos. Al parecer, en San Pedro no alcanzan ni para mantener la sección de patentes.
El Ministerio de Salud, tan dispuesto a sellar locales lícitos por infringir sus disposiciones, no muestra la misma agilidad frente a abusos como el descrito y el Poder Judicial bien podría contribuir, con la agilidad y oportunidad, con las órdenes de allanamiento como la emitida el 1.° de agosto. La Fuerza Pública, por su parte, podría esmerarse en la coordinación para aprovechar mejor sus esfuerzos.
El reto a la autoridad y menosprecio al bienestar nacional se repite a lo largo y ancho del territorio, pero mientras más flagrante y despreocupado, como en el caso de comentario, en una de las principales arterias de la capital, con anuncios previos por redes sociales, menor esperanza habrá de evitar el abuso en sedes más discretas. Es preciso actuar en todas partes, comenzando por las más notorias.