Con la excusa de la pandemia, los diputados condonaron ¢6.200 millones en deudas contraídas por agricultores con el Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade), posteriormente incorporado al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). El dinero saldrá de los bolsillos del contribuyente, pero los promotores de la repartición se cuidaron de no informar a quiénes beneficiará.
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La explicación del secretismo está a plena vista ahora que La Nación informó del perdón de una deuda de ¢900 millones a una fundación con dificultades financieras desde hace una década debido a un fallido proyecto de cultivo de piña. El problema no es y nunca fue la pandemia, pero ese no es obstáculo para beneficiarse de la ley aprobada en segundo debate por los legisladores, porque no exige demostrar pérdidas ni su relación con la emergencia sanitaria.
El 14 de marzo del 2018, cuando nadie sospechaba la aparición del nuevo coronavirus, el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo ya conocía de 15 cobros judiciales promovidos por Proagroin para recuperar ¢460 millones prestados a los productores de San Carlos. Para esa fecha, la entidad ya se había adjudicado ocho fincas.
La fundación no es un pequeño deudor. El monto de su obligación representa cerca del 15 % del total condonado. Tampoco se dedicaba al agro, sino al financiamiento de sembradíos de piña, cuya producción compraba para exportarla. Los agricultores financiados con dinero de la fundación no tuvieron la misma suerte que gozaría la entidad si el proyecto se convierte en ley, porque a muchos les remataron las tierras dadas en garantía.
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La fundación, creada en 1997, está inactiva y enfrenta reclamos de los verdaderos agricultores, quienes no gozarán de la generosidad de los legisladores. Si el presidente Carlos Alvarado estampa su firma en el proyecto de ley, Proagroin volverá a tener un historial crediticio impecable y se le devolverá una decena de propiedades adjudicadas a la Banca para el Desarrollo por incumplimientos de pago.
Las explicaciones de Jorge Sánchez, director ejecutivo de la fundación, no tienen precio como irónica condena de la demagogia. Muchos productores dejaron de pagar sus deudas a Proagroin, afirma, porque prestaron atención a políticos que les prometieron la condonación mediante leyes regalonas, exactamente iguales a la aprobada para beneficiar a la fundación, entre otros deudores.
Es perfectamente posible que eso ocurriera. Muchos políticos se sienten autorizados para regalar fondos públicos o, cuando menos, prometerlo. No extraña que los agricultores les creyeran, porque en varias oportunidades lo han logrado. Precisamente por eso el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) se opuso al proyecto de ley y advirtió del peligro de fomentar «conductas oportunistas».
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Las condonaciones, dice Conassif, generan una pérdida de recursos públicos y constituyen un premio para quienes incumplen sus obligaciones crediticias. Eso representa un riesgo moral para los demás deudores. «La promoción y aprobación de este tipo de disposiciones, dejando lagunas de aplicación que permiten su aprovechamiento por deudores que mantenían problemas de comportamiento crediticio desde antes de la pandemia, incrementa ese riesgo moral... y no contribuye a la disciplina deseable en el cumplimiento de las obligaciones crediticias», señaló Alberto Dent, presidente del Consejo.
Como mínimo 200 beneficiarios del proyecto de ley arrastran deudas por ¢1.315 millones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ¢40 millones con el Ministerio de Hacienda y muchos no están inscritos ante la autoridad tributaria como personas dedicadas a actividades agrícolas. El presidente tiene ahora la palabra.