“Implica grandes riesgos financieros”, advirtió la Contraloría General de la República a los diputados sobre un proyecto de ley que suelta amarras al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), que más bien urge de acciones de contención para garantizar su sostenibilidad financiera.
El proyecto de ley 22503 es excesivamente bondadoso con las cooperativas que incumplen el pago de créditos aprobados y financiados por el propio Infocoop, con dinero público. La iniciativa, redactada por la propia institución y acogida en mayo del 2021 por la entonces diputada Paola Valladares Rosado, del Partido Liberación Nacional (PLN), autoriza poner a disposición de las cooperativas las propiedades que se adjudica el Infocoop cuando alguna no paga las deudas.
Si los diputados aprobaran el texto, tal como les llegó, permitirían al Infocoop dar los bienes en usufructo hasta por 10 años y aplicar figuras como el alquiler o leasing en lugar de rematarlos para recuperar el dinero prestado.
Ese favor causa válida preocupación a la Contraloría por varias razones, comenzando por la elevada morosidad en la cartera de créditos del Infocoop, que llega hasta un 27%.
La entidad reconoció, al justificar el plan de ley, que tiene colocados ¢135.000 millones en préstamos, de los cuales casi ¢30.000 millones están en cobro judicial. Aduce, además, que se ha adjudicado 124 fincas, aproximadamente, dadas en garantía, las cuales le obligan a hacer gastos de mantenimiento estimados en más de ¢1.000 millones.
En vista de tanta morosidad y gasto, el sentido común dicta —sobre todo en una entidad como el Infocoop, que, reiteramos, opera con fondos públicos— proceder con celeridad a la venta de los bienes adjudicados porque, cuanto más tiempo estén en sus manos, mayor riesgo habrá de deterioro y pérdidas para el país.
La solución no está en un proyecto de ley para darle largas a la tenencia de las fincas, sino en deshacerse de ellas para frenar el gasto y recuperar el dinero. Si hay pérdidas, seguramente será porque los préstamos no fueron concedidos con el rigor de una operación financiera normal.
Es preciso conservar el norte. El Infocoop, por ley, fue creado para “promover, financiar, divulgar y apoyar el cooperativismo” y, según un fallo de la Sala Constitucional, tiene “el objeto de servir como contralor” del sector (resolución 2001-00113 del 14 de febrero del 2001).
El Instituto debe enfocarse en cumplir la misión de administrar y controlar de buena forma el dinero que el Estado le asigna para incentivar el cooperativismo. Precisamente, un legítimo cuestionamiento de la Procuraduría es que el proyecto de ley desnaturaliza las funciones y fines del Instituto, porque las figuras comerciales del arrendamiento y el leasing son actividades lucrativas que “resultan incongruentes con la función de fomento que es esencial al Infocoop”.
No deja de preocupar, precisamente, que en el proyecto de ley no constan estudios técnicos o análisis integrales para estimar el impacto financiero de darle a la entidad las nuevas funciones. Así lo alertó la Contraloría y esa es otra señal de que el plan promovido por el Instituto no se sustenta en análisis independientes.
Los criterios de la Contraloría y de la Procuraduría deben llevar a los diputados, antes de hacer concesiones tan riesgosas, a exigir que el Infocoop presente un plan para sanear su cartera crediticia con el fin de garantizar su sostenibilidad y convertirse en un verdadero promotor del cooperativismo. Para lograrlo, debe apegarse a las normas usuales de la administración financiera.