Ninguno de los expertos partidarios de separar al Ministerio de Educación de la administración de las pruebas nacionales ha sugerido “privatizar” esas labores. El Programa Estado de la Educación, por el contrario, sugiere optar por encargar la tarea a un órgano desconcentrado, como tantos hay en la Administración Pública, o a una entidad dentro del Ministerio y adjunta al Consejo Superior de Educación.
La ministra Anna Katharina Müller se opone radicalmente a la idea y su primera línea de resistencia es denunciar la “tercerización”, un negocio que nadie ha planteado. La idea defendida por el Estado de la Educación, expertos como Pablo Chaverri Chaves, del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (CIDE-UNA), y el Colectivo Mujeres por Costa Rica, integrado por 11 académicas, es crear una agencia nacional de evaluación para diseñar y ejecutar las pruebas estandarizadas, diagnosticar el desarrollo del aprendizaje, mejorar los procesos de enseñanza y medir la calidad educativa.
“No se trata de quitarle ni duplicar las funciones al MEP, sino más bien de llenar un vacío histórico que permita, de manera transparente y metodológicamente sólida, mejorar paulatinamente un conjunto clave de indicadores educativos de excelencia y equidad, válidos y confiables para el contexto particular de nuestro país”, explicó el Colectivo Mujeres por Costa Rica.
La nueva entidad, dice el Estado de la Educación, debe tener independencia financiera y política, además de contar con especialistas entre sus directivos. Eso no quiere decir que deba ser privada y la sugerencia es, más bien, mantenerla dentro del Estado con la autonomía necesaria para no comprometer sus decisiones.
Esa es la esencia de la propuesta: independizar la administración de las evaluaciones para que el MEP deje de ser juez y parte, como formador de los estudiantes, y, luego, como evaluador de su propio trabajo. Entre los motivos de la reforma, Chaverri señala la posibilidad de manipular resultados, en las condiciones actuales, con solo aplicar una “curva”. “El ministro de turno puede decidir a su gusto a qué punto quiere mover la promoción. ¿Qué de pedagógico tiene esto? Cuando el criterio político domina sobre el técnico y el científico, podemos pronosticar un desastre”, asegura.
La ministra Müller considera la propuesta una “aberración” porque la evaluación es responsabilidad de la cartera y constituye una herramienta para diseñar sus políticas. Lejos de ser aberrante, el principio de evaluación independiente de la gestión es norma en el ámbito público y también en el privado. Las auditorías en empresas e instituciones son muy comunes y de ellas se espera recomendaciones independientes, sin injerencia de los fiscalizados.
La aberración, vista la práctica común y las obvias ventajas de la evaluación independiente, es que una institución defina los parámetros de evaluación de su desempeño y decida qué hacer con los resultados. Esta práctica tiene un enorme potencial dañino en el ámbito de la educación.
La administración de las pruebas por una agencia estatal independiente no les resta un ápice de utilidad como orientadoras de las políticas del Ministerio. Por el contrario, magnificaría su valor para esos fines. También ofrecería parámetros confiables para la rendición de cuentas de todos los involucrados en la delicada tarea de formar a los jóvenes y evitaría la tentación de moldear los resultados para satisfacer intereses políticos del momento.
Son estupendas razones para adoptar la propuesta, pero también presagian una fuerte oposición en todos los niveles del sistema. Confundir evaluación independiente con “privatización” o “tercerización” es una primera manifestación de esa corriente en contrario. Es preciso insistir hasta vencerla.