En el momento mismo de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones hubo voces de advertencia, incluida la de este diario, sobre los alcances del artículo 35, cuyo texto establece la confidencialidad de una parte de la información del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La norma tiene sentido a partir de la apertura del mercado de telecomunicaciones. El ICE tiene tanto derecho como los operadores privados a mantener la confidencialidad de sus datos estratégicos.
La obligación de divulgarlos equivaldría a proveer una ventaja indebida a los competidores. No obstante, había motivo para preocuparse. El ICE mostró, desde mucho antes, su predilección por el secreto en todos los campos.
Pocos años antes de la apertura de las telecomunicaciones y la aprobación de la ley de fortalecimiento, la institución había confrontado a los primeros dos ministros de Hacienda del presidente Abel Pacheco cuando exigieron información financiera fidedigna. Jorge Walter Bolaños dimitió en mayo del 2003, frustrado por la imposibilidad de precisar la situación de la importantísima empresa estatal.
En octubre, su sucesor, Alberto Dent, calificaba de “preocupante” la imposibilidad de proyectar el déficit de la entidad al cierre del año.
Ese es uno de varios ejemplos de la actitud que llevó, mucho antes de la ley de fortalecimiento, a calificar al ICE de “república independiente”. Vistos los antecedentes, era inevitable temer la interpretación expansiva del derecho a la discreción incorporado a la nueva ley. No tardó en suceder, y la entidad entendió cubiertas por el texto las informaciones del sector energético, no sometido a la competencia, además de todo lo relacionado con las telecomunicaciones y no solo lo verdaderamente estratégico.
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En el 2017, cuando el exdiputado Jorge Arguedas pidió información sobre la licitación del proyecto Diquís, ahora abandonado, la recibió incompleta. Insistió, y la Dirección Jurídica del ICE citó el artículo 35 de la ley de fortalecimiento para justificar la decisión de mantener en reserva los datos del proyecto hidroeléctrico. Arguedas acudió a la Sala Constitucional y ganó el recurso de amparo sin mayor esfuerzo. Los magistrados no dudaron en exigir la entrega de la información porque se trata de un proyecto hidroeléctrico.
Sin embargo, la cultura del secreto está demasiado enraizada en la institución. Como en el pasado, los datos financieros son un misterio aun para las autoridades. La contralora general, Marta Acosta, acaba de confirmarlo durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa. “Ustedes no pueden ver el presupuesto del ICE en detalle. Existe, pero sin cifras desagregadas”, dijo la funcionaria a los legisladores.
La contralora criticó el “velo de opacidad” de una institución tan relevante, “compleja y reacia al control”. Detrás del velo, el ICE ha escondido una administración deficiente.
Es difícil saber cuánto. Cuando la realidad asoma, siempre hay motivo de preocupación. Hace año y medio, el entonces diputado Arguedas pedía información sobre un proyecto de $3.694 millones, cancelado por innecesario luego de consumir $146 millones. ¿Qué habría sucedido con Diquís detrás del velo si la nueva presidenta ejecutiva no hubiera optado por correrlo?
El ICE perdería ¢314.000 millones en el 2018, dijo Irene Cañas, en noviembre, en contraste con lo sucedido 15 años antes, cuando Dent lamentaba la imposibilidad de predecir los resultados financieros ya avanzado el período. Ojalá la política de apertura se fortalezca porque para el ICE el secreto es un veneno bebido detrás de la cortina, no menos mortal porque nadie lo atestigua.