Para reactivar nuestra economía y así aumentar el bienestar de todos, el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un paso clave. Tendrá un impacto inmediato en aumentar nuestra credibilidad y, de este modo, dar mayor dinamismo a la inversión extranjera directa. Pero más importante es que, gracias a las buenas prácticas que deben adoptarse como parte del proceso de ingreso, los aparatos institucional y productivo del país recibirán un fuerte impulso hacia la transparencia, eficiencia, productividad y competitividad. Es decir, mejorarán, de forma estructural y con impacto de largo plazo la creación y distribución de valor, tanto desde el Estado como desde el sector privado nacionales.
Por tales motivos, consideramos esencial que se acelere y se cuide la calidad del proceso para incorporarnos lo antes posible. Mientras más tiempo nos tomemos, más desperdiciaremos las oportunidades que se abrirían. Además, tal como dijo recientemente la directora de Gabinete de la Organización, Gabriela Ramos, en una comparecencia ante los diputados, si bien resulta más importante hacer las cosas bien que rápido, la “ventana de oportunidad se está cerrando” para el ingreso de nuevos miembros.
Tras una serie de gestiones nacionales que comenzaron en la administración de Laura Chinchilla, Costa Rica inició su proceso de incorporación a la OCDE en el 2015, luego de ser “invitada” por la organización, junto a Lituania, Letonia y Colombia. Los dos primeros países ya son miembros, y los colombianos están a punto de incorporarse; nosotros, en cambio, estamos rezagados.
En esto inciden tres razones esenciales: la gran cantidad de debilidades que requieren corrección, la dificultad innata de nuestro Estado para la toma de decisiones, y la falta de convicción de algunos ministros –en particular durante la administración de Luis Guillermo Solís, pero también en esta— sobre la importancia de ingresar.
El actual gobierno ha establecido el 2020 como año para el acceso. Es una meta razonable, pero quedan por delante las decisiones de mayor calado, por lo cual es necesario impulsarlas con todo el músculo y rigor posibles en los ámbitos técnico, político y administrativo.
Para acceder debemos cumplir con una serie de estándares en 22 áreas temáticas, a cargo de igual número de comités. Ya hemos superado a satisfacción 12 de ellas, un buen avance; sin embargo, quedan los asuntos más complejos, porque requieren de aprobación legislativa y porque algunas de las reformas contempladas, todas necesarias, tocan intereses creados o anquilosadas culturas institucionales, que tratarán de dislocarlas. Por ejemplo, aún están pendientes los avales de los comités focalizados en la recopilación y manejo de estadísticas, contra el cohecho, competencia, gobierno corporativo, gobernanza pública, medio ambiente, inversión y economía.
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La buena noticia, además de la meta establecida, es el reciente establecimiento de una comisión especial en la Asamblea Legislativa, en gran medida constituida por jefes de fracción, que hasta ahora ha trabajado de manera fluida y responsable. Debe mantenerse así y, sobre todo, poner la mira de sus decisiones en el interés nacional, no en los de grupos.
Esperamos, además, que al mandato otorgado al Ministerio de Comercio Exterior para que lidere el proceso se adhieran otras carteras clave y sus jerarcas, en particular Mideplan, el MAG y el MEIC, bajo la batuta insistente del presidente Carlos Alvarado.
Ingresar a la OCDE es un proyecto nacional de gran envergadura y muy altos beneficios. Como tal debe ser asumido.