Cuarenta y ocho diputados de todas las fracciones legislativas aprobaron la propuesta del legislador socialcristiano Leslye Bojorges para sancionar con drasticidad, en sede administrativa, la participación en competencias de velocidad por las vías públicas. El conductor sorprendido en un pique sufrirá la suspensión de la licencia durante tres años, sin perjuicio de las sanciones penales previstas.
Según la reforma, las licencias retiradas administrativamente por participación en competencias de velocidad ilícitas no podrán ser recuperadas antes de cumplido el plazo de tres años, a diferencia de los permisos perdidos por acumulación de puntos, que pueden ser recobrados, antes del término de la sanción, mediante el trabajo comunitario.
La iniciativa seguramente será objeto de cuestionamientos para impedir su vigencia, pero ojalá los sobreviva porque el peligro creado por los conductores irresponsables, con el solo propósito de divertirse, es una conducta en extremo repudiable. Sin necesidad ni justificación alguna perturban el sueño de barrios enteros —como Hacienda Vieja, en Curridabat—, ponen en riesgo a los transeúntes y causan muertos y heridos.
Los ejemplos abundan, como la pareja de ancianos atropellados de madrugada cuando se dirigían a ganarse la vida en una feria del agricultor o la joven con las piernas amputadas cuando un auto embistió a los espectadores en una competencia ilícita. En muchas ocasiones, los propios conductores salen malheridos.
Los piques son inaceptables en toda vía pública, pero sus practicantes no tienen reparo para competir en zonas urbanas, donde el riesgo es mayor y la perturbación de la paz afecta a miles de personas. Las inmediaciones del parque de la Paz, en Paso Ancho, Paraíso, Pavas, La Lima de Cartago y otros tramos de la vía pública son escenarios frecuentes del escándalo de los picones. La vida y la integridad física de las personas son, sin duda, el principal motivo para sancionar esta conducta con severidad, pero la persistencia de las competencias ilícitas va a contrapelo de las políticas de repoblamiento y concentración de las ciudades para hacerlas más eficientes y amigables con el ambiente.
No obstante, el talón de Aquiles de estas y otras normas es la imposibilidad de aplicarlas mientras las calles sigan desprovistas de vigilancia policial. Ninguna nueva herramienta sobra para combatir una práctica tan dañina y persistente, pero la sanción administrativa se suma a las previstas desde hace años en la legislación penal sin que los piques hayan desaparecido. Por su naturaleza, el retiro de la licencia sería más fácil de aplicar y más inmediato, pero, aun así, su eficacia depende de la presencia de policías en las calles.
No obstante, la Policía de Tránsito se redujo en un 30 % en menos de una década. En el 2014 había 1.043 oficiales y ya se les consideraba escasos. Ahora, el número ronda los 694 porque a lo largo de los años no se han repuesto los oficiales retirados o los que renuncian para encontrar otro empleo.
En consecuencia, la vigilancia de todas las vías del país está a cargo de 126 oficiales en cada turno de ocho horas, una vez descontadas las incapacidades, vacaciones, labores administrativas y otras tareas asignadas a la Policía de Tránsito. Los piques no se combaten montando guardia en una esquina. Las denuncias de los ciudadanos y la recolección de inteligencia orientan la intervención policial, pero de todas formas el número de oficiales es insuficiente, aun sin tomar en cuenta otros ilícitos y la laboriosa atención de accidentes.
La reforma aprobada por los legisladores facilita la sanción en tanto se acredite el ilícito y esto solo se logra con vigilancia. Si la ley sobrevive a los probables cuestionamientos, seguramente contribuirá a disuadir a los delincuentes, pero su impacto será limitado mientras escaseen los encargados de aplicarla.