Las dietas pagadas a los regidores en buena parte de los concejos municipales no guardan proporción con la realidad del país, el tamaño de los presupuestos municipales, el esfuerzo invertido por los ediles, la tasa de inflación o ningún otro punto de referencia imaginable. La única explicación es que la ley deja el aumento de las dietas al arbitrio de los propios concejales con apenas dos limitaciones: no pueden superar el 20 % cada año ni sobrepasar el porcentaje de crecimiento del presupuesto municipal ordinario.
Esas reglas dejaron suficiente espacio para aumentar las dietas entre un 5 % y un 20 % en 49 municipalidades, durante un año con inflación negativa. Esas alzas no compensan una pérdida de valor adquisitivo de los ingresos. Su única función es aumentarlos, en casi todos los casos, dentro de los generosos parámetros de la ley.
El comportamiento del costo de vida permite cuestionar, incluso, el aumento aprobado por otros 40 gobiernos locales donde el incremento se ajustó al alza del presupuesto, aunque en algunos casos las dietas son muy bajas y el alza resulta razonable. En Río Cuarto, cantón con la dieta más baja, los regidores apenas ganan ¢10.500 por reunión.
Pero los ediles de Escazú ganarán casi ¢300.000 por sesión a partir del 2024. En cuatro semanas, al ritmo de una sesión semanal, ganarían ¢1,2 millones por unas ocho horas de asistencia y, como mucho, por 16 horas, porque las sesiones duran entre dos y cuatro horas cada una. Además, no es raro convocar más de cuatro sesiones al mes. El Código Municipal permite un máximo de una sesión ordinaria a la semana y dos extraordinarias al mes.
Las dietas de Escazú, Alajuela, Heredia, Belén y San José superan a las del Banco Nacional (¢210.000 por sesión y un máximo de cinco sesiones al mes) aunque el presupuesto de la institución financiera (¢812.000 millones) es 23 veces el de la Municipalidad de Escazú, para seguir con el ejemplo del Concejo más generoso con sus regidores, informó un reportaje publicado este lunes La Nación.
La desproporción entre dietas y presupuesto también se manifiesta en la comparación de las municipalidades entre sí. Ninguna de las primeras cuatro se acerca en presupuesto a la quinta, que es San José, con ¢76.000 millones. Esto no implica que la capital, con dietas de ¢208.000 por sesión, se salve de la desproporción apuntada.
Para estimar el peso de las dietas sobre el presupuesto municipal es preciso recordar que los cantones más escasos de población tienen cinco regidores, pero los más habitados llegan a 13. Igual número de suplentes gana la mitad de la dieta del propietario tan solo por asistir, sin hablar ni votar porque eso le corresponde al titular. A esto es preciso sumar la mitad de la dieta de los regidores como pago para los síndicos propietarios y una cuarta parte para los síndicos suplentes.
El cálculo hay que hacerlo con las particularidades de cada cantón, pero no cabe duda de los excesos en demasiados casos. Regidores y síndicos, propietarios y suplentes también tienen derecho al pago de viáticos por transporte, hospedaje y alimentación cuando residen lejos de la sede municipal.
Similares desequilibrios existen en las alcaldías y vicealcaldías. Este diario informó, en noviembre del 2020, que los salarios de los alcaldes de San José y Limón superaban al del alcalde de Madrid, cuya población de 3,2 millones es incomparable con la de esos cantones, especialmente la de Limón.
Es hora de retomar los esfuerzos para poner freno al sinsentido de las remuneraciones en las municipalidades costarricenses. El reto es enorme, porque su influencia sobre los grandes partidos del país es, también, desproporcionada, pero los datos ofenden el sentido común, tanto como lo hacen los mecanismos dispuestos por ley para ejecutar los aumentos.
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