Hace más de una década, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), trenzada en polémica con la Superintendencia de Pensiones (Supén), defendía sus cálculos de solvencia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y consideraba posible llegar al 2038 sin recurrir a las reservas del sistema. El cálculo daba un amplio margen para adoptar soluciones y evitar una crisis.
El margen se redujo cuando la institución admitió, tiempo después, la posibilidad de encontrarse en el escenario crítico en el 2030, pero aun así se quedó corta por siete años. Los ingresos y los intereses generados por el régimen no alcanzaron para pagar las pensiones este año y fue necesario echar mano de la reserva para completar los pagos.
Ningún régimen de pensiones puede sostenerse así, y el IVM está en camino de la insolvencia. La responsabilidad más obvia es la del Estado, que a finales de año deberá unos ¢600.000 millones en cuotas. Solo en el 2024, el presupuesto refleja un faltante de ¢71.630 millones en la cuota estatal.
Para completar el pago de pensiones este año, la reserva aportará unos ¢51.380 millones. Aunque el Estado pagara su deuda, habría motivos de preocupación, dado el envejecimiento de la población y la creciente demanda sobre el régimen de pensiones más importante del país.
El incumplimiento estatal no es novedad, pero las estimaciones de la Caja rehusaron, por muchos años, tomarlo en cuenta. Las proyecciones siempre fueron hechas sobre cálculos demasiado optimistas y, según dijo la Supén en el 2011, con datos “maquillados”. La situación actual no debería constituir una sorpresa, y si bien la deuda del Estado, calificada por la Contraloría General de la República como una “insuficiencia sistémica”, es un duro golpe para el IVM, hay razones propias del sistema que hacían previsible su debilitamiento.
Ya en el 2011 el entonces superintendente de pensiones Edgar Robles señalaba que, para evitar un régimen deficitario, un trabajador con un salario promedio de ¢357.680 al mes debía pensionarse a los 72 años. El trabajador promedio, en aquella fecha, aportaba al régimen un capital acumulado de ¢23,9 millones, pero como pensionado recibiría más de ¢41 millones, es decir, el aporte era un 58,4 % de la pensión recibida.
La Supén insiste, desde entonces, en los defectos de diseño del sistema. Si a esto se suman la morosidad del Estado y el impacto del cambio demográfico, la magnitud de la tormenta en ciernes aparece con toda claridad. Luis Guillermo López, funcionario de la Dirección Actuarial, se mostró preocupado ante el Comité de Vigilancia de la Caja. “Estaríamos utilizando todas las contribuciones, todos los intereses y pellizcando ¢51.380 millones de la reserva”, afirmó, para luego añadir que si el Estado honrara su deuda probablemente no habría apuros en el flujo de efectivo.
Tiene razón a corto plazo, pero la revisión más profunda del sistema, propuesta hace más de una década por la Supén, no debe postergarse más. Tampoco es hora de confiar en remiendos. Quizá más bien sea el momento de estudiar la creación de un régimen único de pensiones y el fortalecimiento de los regímenes complementarios. Las noticias del IVM demuestran, como tantas veces lo dijimos en esta página, la irresponsabilidad de debilitar estos últimos sistemas, creados para responder, precisamente, al previsible deterioro del IVM.
Con la excepción de la Ley de Protección al Trabajador, el país ha cometido demasiados errores en materia de pensiones. Las consecuencias del derrumbe de estos sistemas en otros países son trágicas. Costa Rica no debe permitir un desenlace parecido.