El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) prefirió dar largas a la aprobación de un préstamo de $500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo antes de verse obligado a transparentar sus manejos financieros. El crédito daría un significativo impulso a la generación eléctrica con fuentes renovables.
El dinero está prácticamente a disposición de la empresa estatal porque la Asamblea Legislativa ya aprobó el endeudamiento en primer debate, pero, a petición del propio ICE, el gobierno excluyó el expediente de la lista de iniciativas convocadas para conocimiento de los diputados en el periodo de sesiones extraordinarias, donde el crédito recibiría el segundo y definitivo debate.
El diputado Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana, puso al ICE a decidir entre el préstamo y la transparencia cuando incorporó al crédito la condición, al parecer inaceptable para la empresa estatal, de adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para transparentar su situación, particularmente en el delicado aspecto de los límites legales al endeudamiento, el uso de fideicomisos y otros mecanismos de gestión.
La moción de Redondo coincide, además, con peticiones formuladas desde el 2016 por la Contraloría General de la República. En fecha más reciente, el intendente de energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) también se pronunció sobre los efectos favorables de una aplicación plena de las normas internacionales, entre ellos la posible rebaja de las tarifas.
En todos los segmentos del espectro político, hay voces disconformes con los números del ICE y el uso de esquemas financieros, como los fideicomisos, que oscurecen la realidad económica de la institución. La renuncia a la pronta aprobación de un préstamo de $500 millones con tal de mantener esas opacidades es una dramática demostración de los extremos hasta donde la empresa estatal y el gobierno están dispuestos a llegar. Esa actitud, a su vez, aviva las dudas existentes desde hace muchos años.
Los esfuerzos del ICE por mantener su información a buen recaudo y suministrarla según su conveniencia, pese al carácter público de la entidad, no son nuevos ni propios de la actual administración. Es imposible olvidar la frustración del ministro de Hacienda del expresidente Abel Pacheco cuando se vio frente a las evasivas de la empresa estatal. El ICE le niega información al propio gobierno, pero pocas veces la Casa Presidencial se ha sumado al secretismo con tanto entusiasmo.
El proyecto lleva tres meses en una gaveta y ahí permanecerá por decisión de la Presidencia de la República, a pedido del ICE. No había otra forma de evitar la aprobación de la exigencia incluida mediante la moción de Redondo. La consulta de 20 congresistas a la Sala Constitucional sobre el condicionamiento del préstamo no fructificó. Los magistrados no encontraron incompatibilidad alguna entre el texto y la ley fundamental.
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A partir de ese momento, no había más obstáculos a la aprobación del crédito y la exigencia de claridad financiera. Negarse a convocar el proyecto en extraordinarias, al costo de dejar al país sin $500 millones necesarios para desarrollar fuentes renovables de energía, fue el último recurso contra la transparencia.
Empresas estatales como el ICE no deben utilizar sistemas contables ad hoc para reflejar, a corto plazo, una situación financiera sólida. Por el contrario, deben adoptar sistemas contables estándar, probados y ajustados a las mejores prácticas, entre los cuales el más utilizado en el mundo es el NIIF. Ojalá los diputados, actuales y futuros, se mantengan firmes en tan saludable exigencia.