Las llamadas “terapias de conversión sexual”, una práctica ampliamente desacreditada para alterar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género, están proscritas en buena parte del mundo desarrollado, incluidos Francia, Alemania, la mitad de los estados de la Unión americana y Canadá, donde legisladores de todas las tendencias aprobaron la prohibición por unanimidad en el 2022.
Para la ciencia moderna, la orientación sexual diversa no es una enfermedad. En consecuencia, no tiene sentido hablar de terapias y curaciones que, por un lado son ineficaces y, por otro, conllevan serios riesgos. Organizaciones médicas, psicológicas y psiquiátricas de casi todo el mundo, incluido nuestro país, rechazan esas prácticas por considerarlas reñidas con la ética profesional.
La Organización de las Naciones Unidas llamó a prohibir las supuestas “terapias” y también se han manifestado contra ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo Europeo y la Organización de los Estados Americanos (OEA). En América Latina, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador siguen los pasos de Argentina, donde la prohibición existe desde el 2010. Taiwán, Nueva Zelanda y un número creciente de estados australianos, como Queensland y Victoria, son representativos del avance de la prohibición en otros rincones del planeta.
Ahora, cinco embajadas de países amigos —Estados Unidos, Canadá, España, los Países Bajos y Colombia— remitieron una carta a la Asamblea Legislativa para expresar su rechazo a las “terapias de conversión”, cuya prohibición está en trámite en el plenario, a la espera de iniciar el período de mociones de reiteración antes de pasar a la votación en primer debate.
Las embajadas enfatizaron la importancia de garantizar el acceso a la salud con base en evidencia científica, sin discriminación ni estigmas, así como el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuya protección se extiende a todas las personas sin distinción alguna, especialmente en lo relativo a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes.
En los casos más extremos, la “conversión” se procura por métodos violentos, como las “terapias de aversión”, aplicadas para causar el rechazo de conductas homosexuales mediante su asociación con experiencias negativas, dolorosas o repugnantes. No obstante, las “técnicas” menos radicales también pueden infligir grave daño sicológico mediante la supresión y desvalorización de la personalidad de la víctima. Por eso, la carta se refiere a la práctica como uno de los “flagelos que aún existen” contra los grupos afectados.
Las “terapias de conversión” llevan años de aplicación sin éxito constatado. Tampoco hay motivos para intentar la modificación de la conducta de personas perfectamente sanas. En cambio, abundan los desenlaces trágicos, la depresión y hasta los suicidios, sobre todo cuando las víctimas de los procedimientos son jóvenes.
El proyecto de ley presentado por el exdiputado José María Villalta está en la corriente legislativa desde el 2018, pero todavía enfrenta la oposición del Partido Nueva República, cuya bancada tiene a mano cien mociones de reiteración para retrasar la discusión y votación. Las demás fracciones legislativas deberán tomar posición, ojalá con la valentía necesaria para incorporar al país a la creciente lista de naciones alineadas con la ciencia y el respeto a los derechos humanos. El cambio se producirá tarde o temprano. Es mejor hacerlo ahora sin temor a la polémica y el prejuicio.
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