La Contraloría General de la República encontró, en 189 instituciones públicas, 260 tipos de sobresueldos. Sobra comentar el desorden en las remuneraciones del Estado, pero no puede decirse lo mismo de la necesidad de insistir en los efectos perniciosos de la maraña de beneficios.
Para comenzar, tanta complejidad facilita y disimula el crecimiento de las obligaciones del Estado con sus funcionarios. El aumento de un beneficio o la creación de otro en algún rincón de la Administración Pública es un ruido apenas perceptible en el marco del escándalo creado por la multitud de sobresueldos existentes.
Es difícil saber cuánto gana un empleado público en Costa Rica porque sus ingresos dependen de factores ajenos a la función, la preparación, el desempeño o el cumplimiento de metas. La institución donde trabaja, sus años de permanencia en el cargo y una pléyade de factores pesan tanto como el sueldo base.
Tan cierta es esa afirmación que el Estado, por lo general, prescinde de las evaluaciones, totalmente superfluas a la hora de conceder incentivos, a fin de cuentas automáticos. Solo siete de los 260 sobresueldos identificados por el estudio dependen de las evaluaciones que, en sí mismas, no pasan de la pantomima. Cuando mucho, las instituciones hacen el gesto de evaluar y terminan con planillas integradas por un 99 % de trabajadores excelentes, un puñado muy bueno y rara vez alguno deficiente, eso sí, sin riesgo alguno para su empleo.
En 24 entidades, los sobresueldos superan el salario base. La colección de pluses no necesariamente guarda relación con riesgos o metas propios de la actividad desplegada. ¿Hay alguna razón discernible para que la Junta de Protección Social pague 1,90 veces el salario base en sobresueldos mientras los empleados del Registro Nacional reciben 1,02 veces?
En la Junta de Protección Social, los nueve pluses vigentes pueden elevar un salario de ¢500.000 a ¢1.450.000 y, en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el mismo sueldo base puede llegar a ¢1.300.000. No hay razones para justificar la diferencia, pero es más importante observar la desvinculación entre el ingreso final y el cargo. Por eso, en muchas instituciones, empleados con funciones sencillas ganan tanto o más que los ocupados en tareas más complejas.
A lo largo y ancho del Estado abundan los empleados con mejor remuneración que sus jerarcas. En el Instituto Costarricense de Turismo, por ejemplo, 53 funcionarios ganan más que el presidente ejecutivo, cuyo rango es de ministro. Uno de los jefes de departamento recibe un salario base de ¢958.000, que se cuadruplica a ¢4,1 millones gracias a los pluses: ¢2,5 millones por años de servicio, ¢526.000 por dedicación exclusiva y ¢126.000 por carrera profesional. El ministro, en cambio, gana ¢2,7 millones, es decir, menos de la mitad de los ¢5,9 millones pagados al auditor general.
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Los incentivos se reparten sin ton ni son. No tienen el propósito de incentivar nada o compensar riesgos, esfuerzos extraordinarios o inconvenientes impuestos por el ejercicio del cargo. No distinguen niveles ni jerarquías y se crean al calor del momento, cuando asoma la posibilidad en instituciones decididas a servir, primero, a sus funcionarios, y a la ciudadanía, después.
Las finanzas públicas ya llegaron al límite de sus posibilidades y nada justifica, en un país con tantas necesidades insatisfechas, la irresponsable largueza practicada en las remuneraciones estatales. Urge poner fin al desorden y el desperdicio en nombre del saneamiento del erario y, también, de la más elemental justicia. El ordenamiento del empleo público, con todo respeto para los derechos verdaderamente adquiridos, no admite posposición.